Un país sin estructura donde el Gobierno estima que ya medio millón de personas tomaron un boleto de avión a buscar mejores condiciones de vida tras la devastación dejada por el huracán María no parece tocar ni con una vara de mil pies a los empleados de la Junta de Control Fiscal (JCF).

Y es que aunque el organismo instaurado por la ley federal PROMESA reconoció que deben revisarse todos los planes fiscales certificados más temprano este año ante esta nueva realidad, su presidente Jose Carrión III fue claro en que a ningún empleado de la Junta se le bajará el sueldo.

Con un simple y escueto 'no' para dar por terminada la conferencia de prensa luego de la decima reunión de la Junta, Carrión III descartó que el jugoso sueldo de, por ejemplo, la directora ejecutiva Natalie Jaresko, sea alterado.

No obstante, la JCF ordenó al Gobierno de Puerto Rico a someter un nuevo Plan Fiscal que se atempere a las realidades estructurales y poblacionales de la Isla suscitadas por el impacto de los huracanes Irma y María.

Tras el paso del huracán Irma, la propia Jaresko no descartó que se activara el Título V de PROMESA para que en conjunto con agencias la JCF acelere la activación de asignaciones y prestamos luego de un desastre natural.

Sin embargo, Jaresko le costará al estado un total de $2,500,000 por los próximos tres años. Esto se su suma a la compensación de $750 la hora por las labores de la oficial de etica, Andrea Bonime Blanc, y los $325,000 al año, más reembolso por gastos de viajes, para el coordinador de revitalización, Noel Zamot.

Estos salarios se suman a los contratos de asesoría legal e investigadores de la deuda.

Luego de la entrega de los planes fiscales, está por verse si la Junta suavizará las medidas de austeridad que había anticipado para el país, incluyendo la descartada reducción de jornada para empleados públicos y el aumento del servicio de agua para la ciudadanía.