La falta de liquidez que alega tener el Gobierno de Ricardo Rosselló Nevares es producto, en parte, de largos años de puro desconocimiento y descontrol de las finanzas de las agencias públicas, en la medida en que no se ha implementado un sistema integrado de contabilidad, según se desprende del testimonio de funcionarios administrativos del cuatrienio pasado.

Sumado a eso, cada Administración determina la cantidad de ingresos a conveniencia, lo que al final del camino resulta en perdidas.

'La Oficina de Gerencia y Presupuesto hace un trabajo razonable en el control de gastos, pero el problema que yo veo es que hemos jugado con los estimados de ingresos por decadas. Nosotros hacemos el estimado inicial en 9.1, pero despues la Oficina te va a decir que es 9.8, luego vamos a la Legislatura y allí nos dicen que tenemos que aumentar los recaudos sin incrementar los impuestos. Ok, entonces vamos a empujar aquí y allá y, honestamente, hemos estado en ese juego por decadas', aseveró Juan Zaragoza, exsecretario del Departamento de Hacienda.

Las expresiones se dieron en el marco de la vista de liquidez organizada por la Junta de Control Fiscal, con el fin de comprender el marco económico actual del Gobierno de Puerto Rico.

En síntesis, a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se le dificulta vigilar los gastos de las agencias porque estas corporaciones públicas disponen de sus propios sistemas para determinar sus obligaciones, gastos y plantilla. Así, se carece de visibilidad en sus transacciones.

El causante, se entiende, fue el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que albergaba el grueso de las cuentas y permitía conectar su sistema con el del Departamento de Hacienda. Sin embargo, su insolvencia obligó la migración de datos a cuentas privadas, lo cual restó dominio al Gobierno, que a su vez ignoraba de cuántas se trataba.

'Cuando yo cerre las cuentas del BGF para moverlas a Popular, que yo creía que eran como 30 cuentas, resultaron ser 644 cuentas. O sea, el Secretario tenía 644 cuentas en BGF. No era que estaban huerfanas por ahí, sino que no había una lista de las cuentas. En estados financieros sí estaban', señaló Zaragoza.

Junto a Zaragoza fueron citados Melba Acosta-Febo, expresidenta del BGF y exsecretaria del Departamento de Hacienda; Luis Cruz Batista, exdirector de OGP; y Carlos Rivas Quiñones, exdirector ejecutivo de OGP.

Como parte de los cuestionamientos, miembros de la Junta consideraron la posibilidad de que esta separación de cuentas pudo haber incidido en el monto de la deuda pública de la isla, una que asciende a más de $70,000 millones.

Es por eso que los peritos abogaron por un sistema integrado de contabilidad, cuya implementación intentaron adelantar bajo sus mandatos.

'Dejamos escogidos y contrato firmado en el proceso de implementar. Lo que yo dije fue el de PRIFA [Puerto Rico Infrastructure Financing Authority], se había hecho la selección. Se hizo cuando yo me estaba yendo, era un sistema de muchos millones de dólares. Como respeto al secretario que entraba yo deje que el firmara el contrato y el lo hizo. Tengo que pensar que procesos de implementación [no se dieron]. Deben estar en el proceso', explicó, por su parte, Acosta-Febo a preguntas de NotiCel.

A esto, Zaragoza ripostó que los dos proyectos tecnológicos tenían que ver con la parte contributiva y de contabilidad por un lapso de dos y tres años. El exsecretario confirmó que se emitieron varios pagos por ellos, aunque no especificó cantidad.

No obstante, carece de información sobre si en efecto se pusieron en función.

En la vista, el representante del gobernador ante la Junta, Christian Sobrino Vega, inquirió a los exfuncionarios sobre la utilidad de los sistemas --como si no los conociera-- y concluyó que el problema reside en que no se implementaron en su totalidad.

A eso, tanto Acosta-Febo como Zaragoza respondieron que, tras dejar sus cargos de la pasada administración, los sistemas estaban activos. Fue entonces que el representante del gobernador preguntó que funciones tenían los programas.

'Yo recuerdo que hubo un intento de poner bajo un solo sistema todas las importaciones de Puerto Rico. Básicamente, todo lo que Puerto Rico importa está bajo sistemas distintos y nosotros, creo, llamamos a las Naciones Unidas para usar el sistema que ellos tenían, y estaba en proceso de ser implementado. De nuevo, no se el estatus de eso. Cuando yo me fui, el proceso estaba corriendo', señaló Acosta-Febo.

Rápidamente, Zaragoza añadió que a su salida, el sistema estaba en su debido lugar.

No hay transición que valga

Uno de los detractores principales del funcionamiento exitoso de estos sistemas es la 'politiquería', de acuerdo a Zaragoza.

El exsecretario denunció que, por los pasados 50 años, el Departamento de Hacienda ha tenido 20 drectores y con ello, los asistentes, los contables, entre otros.

'Cada vez que cambia el Secretario, aunque sea entre la misma administración, se ven cambios en dos, tres y cuatro niveles de dirección. Ninguna organización puede sobrevivir eso', afirmó.

Asimismo, apuntó a que las transiciones entre gobernantes tampoco son del todo efectivas.

'El o la que estaba antes huye o es transferido al sótano del Departamento de Hacienda, o a una colecturía en Culebra, donde puede morir como el Conde de Monte Cristo. No hay transición real. A nadie le importa. Ninguna organización puede sobrevivir eso', exclamó ante la Junta.

La administración actual, por ejemplo, no ha contactado a Zaragoza, Acosta-Febo, ni a Cruz Batista para darle continuidad a los proyectos que dejaron en curso, confirmaron a NotiCel.

En la vista trascendió que el Gobierno tiene alrededor de $6,875 millones dispersos entre 800 cuentas, pero el uso de la mayor parte de esa cifra está restringido por otras obligaciones, así como estar bajo disputa en la corte federal bajo los procesos de quiebra que permite el Título III de la Ley Promesa.

Es por eso que el Gobierno reclama el desembolso del prestamo de $4,700 millones por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dinero que fue aprobado por el Congreso en octubre.