Tras tomar el liderato en el recien aprobado plan de ajuste de COFINA, y sin perder el paso, los bufetes Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP y Reichard & Escalera, ahora anuncian que representarán a ciertos bonistas de obligación general (GO) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) bajo el nombre Coalición de Deuda Constitucional Legítima (la 'coalición' o 'CDCL').

Según documentos radicados ante el tribunal, y un comunicado deprensa, el CDCL representará a ciertos titulares de bonos emitidos antes de marzo de 2012 y su misión es alcanzar una reestructuración 'equitativa, económicamente viable, que respete la prioridad legítima de la deuda constitucional pre-2012 y que se describa adecuadamente la estructura de la AEP'.

Los miembros de la Coalición son tenedores de $777,011,650 en deuda GO. Hasta ahora, el grupo tiene tres miembros que son, junto con la cantidad de deuda GO que mantienen: GoldenTree Asset Management LP ($310,890,000 no asegurada y $1,200,000 asegurada); Whitebox Advisors LLC ($157,145,000 no asegurada); Monarch Alternative Capital LP ($273,591,050 no asegurada y $34,185,600 asegurada).

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Dos de estos grupos, Monarch y Whitebox, vienen tambien de haber participado en la Coalición de Bonistas 'Senior' de COFINA que encabezaron el proceso de negociación de la deuda de esa corporación pública, que está garantizada por el Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) y que acabó con la controvertible reestructuración de la deuda COFINA autorizada por la jueza Laura Taylor Swain. Whitebox participó además en el Grupo Ad Hoc de Acreedores Constitucionales.

Los bufetes de la Coalición tambien han cabildeado sobre la deuda de Puerto Rico en el Congreso federal. En el 2018, los bufetes sometieron tambien una demanda en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, que sigue activa, en la que se reclamaba que el gobierno federal discriminaba ilegalmente contra los ciudadanos residentes en Puerto Rico en cuando a las asignaciones de fondos para los programas de Medicare, de Seguro Social Suplementario y de Asistencia Nutricional (PAN).

EN GO, hay unos $13,000 millones en deuda, de los cuales $6,000 millones están actualmente impugnados en el tribunal de queibras por la Junta de Control Fiscal (JCF) y el Comite de Acreedores No Asegurados por entender que fue emitida ilegítimamente. Esta deuda es de 2014. La nueva Coalición, por su parte, propone agrupar a tenedores de deuda GO previa a 2012, por lo que se espera que se unan a la JCF y al Comite en la intención de declarar ilegal esa deuda de 2014.

'[E]l límite (constitucional) de Servicio a la Deuda del Gobierno de Puerto Rico se extcedió tan temprano como en marzo de 2012. De ahí en adelante, cada emisión de bonos GO violó el límite del Servicio a la Deuda', sostienen en el tribunal la JCF y el Comite.

En esa pelea, la Coalición, la JCF y el Comite están enfrentados a una serie de aseguradores de la deuda y de fondos buitre que incluyen a Aurelius, el fondo de cobertura que protagonizó el pleito en el que el nombramiento de los miembros de la JCF fue declarado inconstitucional y el mismo que tambien encabezó la lucha más fiera por la deuda de argentina.

'La CDCL será un participante orientado a soluciones en el proceso en curso para reestructurar la deuda constitucional de Puerto Rico. Nuestra esperanza es que las partes interesadas y los acreedores afines quieran colaborar con nosotros para llegar a un acuerdo de reestructuración consensual que respete, tanto la prioridad legal incuestionable de la deuda constitucional pre-2012 así como la estructura de la AEP que ha estado en vigor desde la adopción de la Constitución del territorio de Puerto Rico', expresó en el comunicado Susheel Kirpalani, del bufete Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP, en su capacidad de representante legal principal de la CDCL.