El jueves pasado, 19 de abril, se celebró en la Pontificia Universidad Católica en Ponce, un foro sobre el tema de la Transparencia y la venta de la Autoridad de Energía Electrica. Fueron ponentes los doctores Miguel Rivera y Efraín O´Neill junto a Ángel Figueroa Jaramillo. Allí conversaron sobre los grandes temas de la privatización, el bien común, la función social , la importancia de la AEE en el desarrollo socio-económico de Puerto Rico y las políticas públicas que deben tomarse en cuenta en un momento tan decisivo como el que vivimos.

No debe pasarse por alto el hecho de que en Puerto Rico se ha convertido al gobierno y al patrimonio público en un pulguero. Al socaire del huracán María y los huracanes previos del despilfarro, la corrupción y el endeudamiento; se ha encontrado en la quiebra y en la Junta de Control Fiscal el pretexto perfecto para dilapidar los activos que quedan.

Todo está en venta o en alquiler a largo plazo. En otros lugares, se le llamaría rastro o mercado callejero a la quincallería gubernamental que destroza lo que ha tardado medio siglo desarrollar. La conducta irreflexiva del gobierno y la Junta so pretexto de restaurar la finanzas pública es la del deudor que dispone de todo, como si no hubiese futuro o como si las circunstancias no fuesen a cambiar. Se dispone de todo, se dilapida su valor y se transfiere a intereses amigados. Lo público se hace privado a traves de un pulguero multimillonario, con transacciones difusas, opaces y decisiones tomadas en círculos estrechos e intransparentes, todo ello con un aire encubridor de un pulguero.

No se me lea mal, pues respeto mucho al comercio al detal, el de las ahora moribundas plazas del mercado, el comercio que se da ambulante de puerta a puerta, el comercio comunitario de esquina que tanta vida da, y por supuesto, al comerciante pequeño y al que ha sido empequeñecido por las grandes cadenas y los agujeros negros que todo se lo han tragado. Una economía quebrada que ha sido ordeñada por el capital concentrado usurero y monopolizante.

Lo que me disgusta de veras es que lo que se enajena en la feria de permisos, licencias, concesiones, exenciones, creditos y permisos por el Mercado-gobierno es lo que pertenece, no sólo a la suma de los que habitamos aquí, sino a quienes no lo disfrutarán como suyo, como propio en el futuro: el pueblo a quien le cobrarán por utilizar lo privatizado encareciendole aún más la vida. Lo que es patrimonio público y que debe destinarse al Bien Común, se este regalando para que los sin fines, pero con mucho lucro, y los 'con fines', esquilmen lo que generaciones de puertorriqueños con mucho sacrificio erigieron.

Si bien los daños del huracán María añaden algún agravante, la sentencia de los bienes públicos la habían dictado mucho antes. Tarde o temprano, los efectos del gobierno colonial quebrado aflorarían por entre el denso follaje de los gastos alegres, la corrupción y la contratadera del alma. Tarde o temprano sobrevendría lo que comenzó a ser evidente en la decada de los noventa. Era cosa de tiempo el descalabro económico y la liquidación que pudo evitarse, pero debieron ocurrir otros eventos que no se han materializado.

Un frenesí y una adicción al 'al uipi-pío' retrata de cuerpo entero la quiebra representada en la torpeza y prodigalidad gubernamental de la post-quiebra.

Debió suceder que las listas de contratistas amigotes y de gobernantes contrateros fuesen pareadas y tomarse acción contra el favoritismo feroz. Debió suceder que se les exigiese responsabilidad a extorsionadores y sobornadores por igual; que se auditasen a tiempo las cuentas de los miles de millones tomados a prestamo. Debió suceder que las emisiones de bonos se hiciesen con transparencia real, con verdadera supervisión y rendición de cuentas. Debió suceder que el destino de esos prestamos, su forma de repago, los planes de inversión y sus cuentas fuesen auditadas. Debió suceder que debió suceder todo esto y que los estados financieros del gobierno se hiciesen al día y no con dos o tres años de atraso.

Debió suceder que se trabajara para que las inversiones en obra pública fuesen sobrias, eficientes, pagables, genuinamente rentables y que se utilizasen como inversión social verdadera con miras a promover el desarrollo económico sustentable. Nada de eso sucedió. En el caso del sistema de salud el gobierno vendíó en la decada del noventa buena parte de sus instalaciones a precios risibles para subvencionar la tarjeta de salud. Recuperarlos hoy costaría reembolsar lo pagado y el enorme descuento recibido por los propios compradores, algo que resulta imposible. No mirar hacia atrás y la irreversibilidad de estos malos negocios privatizantes son sus inescapables signos. Muchos de los CDT´s que se vendieron por una cuarta parte del valor real en el mercado, se construyeron con emisiones de bonos que se refinanciaron una y otra vez. La deuda impagable de 140 mil millones de hoy, se nutrió de esas ventas de quemazón, de esos refinanciamientos cuestionables y de saltarse todas las protecciones fiscales constitucionales.

Los dos casos más recientes del pulguero de lo público son las escuelas públicas en venta o alquiler a quemazón y la Autoridad de Energía Electrica. Es decir, que están a la venta el motor que nutre la base temprana del desarrollo intelectual y la industria más importante que produce la energía. Ambos negocios tienen como telón de fondo la quiebra gubernativa, y detrás y encima, tienen la sombra del neoliberalismo en su vertiente más cruda, que es la que puede darse en un enclave colonial quebrado en el siglo XXI.

La AEE la examinaremos en una columna posterior.

Pero de las escuelas sabemos que cientos de estas se estarán rematando mediante venta o alquiler por $1 al año. No se han tasado, ni hay planes de hacerlo --confesadamente en cuanto a las que se alquilarán de año en año ad infinitum. No se está tomando en cuenta, ni existen criterios para evaluar los beneficios sociales de un alquiler o venta. Tampoco se ha evaluado el efecto social y educativo de la venta o alquiler de las escuelas. Ni siquiera se ha medido la huella del impacto de su cierre. Un frenesí y una adicción al 'al uipi-pío' retrata de cuerpo entero la quiebra representada en la torpeza y prodigalidad gubernamental de la post-quiebra.

Se que puede mediar mucha ingenuidad al pensar de que se trata de un caso de torpeza aguda. Otros lo quieren llamar, intención, premeditación y alevosía, un plan urdido dolosamente, entre otras formas de nombrarlo. Sólo el tiempo dirá en cuáles casos, si en alguno, la mano sobadura del aliciente monetario ha intervenido, o una cínica trama de planes de saqueo. Hemos visto un desfile de pretextos y excusas baladíes en eso de la venta de las escuelas. Discutimos en otro artículo el cuento de los hospitalillos, y añado, si hay un gran riesgo de que una escuela cerrada se pueda convertir en hospitalllo, mejor es que no la cierren, o si hubiese que cerrarla, que se dedique a un centro de prevención y de rehabilitación de adictos.

Tenemos un país secuestrado por el colonialismo, sujeto a los poderes plenarios del Congreso de EEUU, con un modelo político y económico fracasado y con una perdida de cualquier ventaja geopolítica que sirviese de vitrina. Tenemos un país sujeto a una Junta de Control Fiscal que responde a los acreedores a quienes sirven algunos de los actores principales del Congreso; existe un tribunal especial que administra o regentea un proceso de quiebra; un gobierno hiperdeudor con una migración masiva acelerada y unas proyecciones económicas que aún para llegar a vislumbrar un crecimiento raquítico tienen que ser fantasiosas.

Cuando se escriba una enciclopedia de la corrupción en Puerto Rico, que será sin duda una aportación del país a la humanidad que tanto lucha por combatirla, los autores de estas privatizaciones aparecerán en el tracto con sus huellas como tapadores y sepultureros que de prisa enterraron la historia de estas corrupciones propias o ajenas.

*El autor es exlegislador del Partido Independentista Puertorriqueño y asesor en legislación y administración gubernamental.