Luego de negarse a cumplir con el pedido de información de la Junta de Control Fiscal (JCF) y cuestionarles su nivel transparencia, el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes acataron la solicitud de la entidad financiera y entregaron información relacionada a la nómina, los gastos administrativos y la asistencia de empleados de la Casa de las Leyes.

En el caso del Senado, la información fue sometida por su presidente, Thomas Rivera Schatz, mediante una misiva con fecha del 9 de octubre y dirigida a la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko.

Los informes presentados transcurren de los meses julio a septiembre del año en curso y de ellos se desprende que en esos tres meses el Capitolio ha gastado alrededor de ocho millones de dólares en sus operaciones.

Las cifras más grandes de ese monto corresponden a los salarios ($5.3 millones), los beneficios marginales ($1.3 millones) y las contrataciones por concepto de servicios profesionales ($887 mil).

En su breve comunicación, el Presidente senatorial enumera lo incluido, lo cual cumple con la exigencia realizada por la entidad a finales de agosto sobre asistencia de empleados, reporte de efectivo y liquidez, reporte presupuestario mensual, y una reconciliación bancaria mensual.

De acuerdo al informe de gastos y obligaciones, el presupuesto del Senado consiste de $28 millones, de los cuales se proyecta un deficit al finalizar el año fiscal de $3.3 millones.

Entre los gastos tambien se encuentran $156,000 para la otorgación de becas de Maestría y Doctorado y $42,000 destinados a viajes al exterior. No obstante, el presupuesto para pasajes fuera de la Isla es de $100,000.

Los documentos financieros son firmados por la directora de finanzas, Carmen Velez Ríos, el director de presupuesto, Radames Delgado Hernández, y el secretario de administración, Roberto Maldonado Velez.

En cuanto a la asistencia de los empleados a sus labores, se unió la firma de la directora de Recursos Humanos, María D. Santiago Rodríguez.

En agosto, la JCF requirió información al Senado, la Cámara de Representantes, la Superintendencia del Capitolio, la Oficina de Servicios Legislativos y a otras entidades gubernamentales como la Oficina de Ética Gubernamental.

Un día despues, Rivera Schatz exigió lo mismo de la JCF y reiteró que la información se encontraba en la página web del Senado. Del mismo modo, su correligionario en la Cámara, Carlos Mendez Núñez, describió la petición de la agencia como 'absurda'.

Inicialmente, la JCF fijó el 15 de septiembre como la fecha de entrega de estos datos, sin embargo, al paso de tres días el plazo había sido incumplido.

Luego, la entidad financiera reveló que ambos cuerpos legislativos pidieron prórroga para satisfacer el mandato. A su vez, concretó un acuerdo de colaboración con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) para hacer pública la información de sus oficinas y sus operaciones.

La JCF tambien ha publicado en su portal reportes mensuales sobre sus finanzas.

A esos fines, el Senado publicó el documento en su página web, mientras que la Cámara aún no ha emulado la hazaña en su portal. No obstante, el oficial de prensa de Mendez Núñez confirmó la entrega de la información, tambien con fecha del 9 de octubre.

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