Sin grandes acuerdos a la vista, miembros de la Asamblea Legislativa sostuvieron una reunión con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal (JCF), Natalie Jaresko, respecto al Plan Fiscal del Gobierno y las medidas de carácter económico, como la Reforma contributiva.

El cónclave, fue celebrado el martes en la tarde luego de que la entidad financiera aprobara de manera unánime los planes fiscales del Gobierno y la Universidad de Puerto Rico con los cambios que ellos mismos propusieron.

'Me parece más una sesión informativa. Yo no creo que hay espacio aquí para considerar cualquier alternativa', señaló el representante Jesús Manuel Ortiz González sobre la reunión de una mitad de la Legislatura con Jaresko.

De acuerdo al Representante del Partido Popular Democrático (PPD), la reunión sirvió para explicar asuntos concernientes al documento aprobado horas antes.

Por otro lado, Jose Aponte Hernández, aseguró que se abordaron temas relacionados a la Reforma contributiva, como el hecho de que la JCF no toma en consideración los posibles ingresos de la video lotería.

El pasado 15 de octubre, la Asamblea Legislativa concordó aprobar el proyecto de Reforma contributiva sin incluir el impuesto al inventario almacenado y con una sola mención de la video lotería. Tres días despues, Jaresko le cursó una carta en la cual señaló varias fallas con los proyectos de ley.

Según Aponte Hernández, del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jaresko tambien parece haberles aclarado que debe existir legislación para encaminar el beneficio de Seguro Social para policías y maestros.

El senador Eduardo Bhatia, en cambio, cuestionó tras la reunión los intentos de la JCF y el Gobierno de balancear un presupuesto sin antes haber definido los servicios esenciales.

En el encuentro de la entidad financiera, una de las integrantes de la JCF, Ana Matosantos, indicó que la Ley PROMESA no les obliga a definir estos servicios, sino asegurar que cuenten con los fondos suficientes.

La reunión transcurrió por poco más de dos horas en el Centro de Convenciones Pedro Rosselló González.

Intervienen en reunión de la JCF

En instancias separadas pero unidas por el mismo objetivo varios legisladores bipartitas tomaron turnos para cuestionar y rechazar las medidas de la Junta de Control Fiscal (JCF) mientras la entidad realizaba su decimoquinta reunión pública.

Los reclamos abordaron la oposición a los cambios del Sistema de Retiro de la UPR, según propuestos por la entidad financiera, además de abogar por la eliminación de la Ley de Cabotaje.

La primera en expresar su disgusto fue la representante del PNP, María de Lourdes Ramos Rivera, quien defendió el plan de retiro de la UPR como uno de beneficios definidos, en vez de convertirlo a uno de contribución definida como pretende la JCF.

'Hoy estoy aquí representando a los miles de pensionados de Puerto Rico', aseguró Ramos Rivera con un quiebre en la voz, 'les pregunto a ustedes cómo le van a cortar la pensión a un viejo o una vieja que construyó el Puerto Rico que yo disfruto hoy'.

'Si ustedes no pueden vivir con mil dólares, ellos no pueden vivir con 500 dólares. Esto es una invitación al diálogo', reiteró Ramos Rivera, quien ha sido presidenta de la Comisión de los Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes desde el 1996.

Su intervención surgió luego de que el Colectivo de Jubilados de la UPR enumerara sus discrepancias con la Junta.

Para la JCF, el Sistema de Retiro de la UPR debe adoptar las medidas que el resto del Gobierno implementará, como los planes de contribuciones definidas y una reducción de 17% a las pensiones, o sea un promedio de $340, sin importar que el sistema actual es funcional.

La representante enfatizó en que el Sistema de Retiro está solvente, tal como han reclamado los pensionados, y lamentó que la entidad financiera no haya presentado razones válidas para ejecutar el cambio.

En respuesta, el miembro de la JCF, Andrew Biggs, afirmó que los cambios pretenden proteger a los pensionados.

Por su parte, la senadora Rossana López León, preguntó a la JCF que ha pasado con el informe económico realizado el pasado 20 de diciembre de 2016, el cual entre otros asuntos pide que el gobierno federal asista a la Isla en áreas como infraestructura, empleos, servicios digitales y manufactura.

En respuesta, otra miembro de la JCF, Ana Matosantos, subrayó que la acción sobre ese informe --el cual fue sometido al Congreso de los Estados Unidos-- le corresponde al Congreso mismo.

Sumado a eso, López León hizo un llamado a una exención a la Ley de Cabotaje, estatuto que prohibe la llegada a Puerto Rico de embarcaciones fuera de bandera estadounidense para la distribución de artículos.

La Senadora indicó que sometería para consideración de la entidad unos 18 estudios que comprobaban el saldo positivo de la eliminación de esa ley. Su pedido tomó base en que luego del huracán María, Puerto Rico recibió una exención a la Ley de la cual se beneficiaron unos diez barcos.

Al igual que ambas, los representantes populares Jesús Santa Rodríguez y Javier Aponte Dalmau levantaron bandera sobre el sistema de retiro y los cambios a la Educación en la Isla, especialmente a la UPR.