El Tribunal del Circuito de Apelaciones en Boston ratificó la decisión de la jueza de quiebras Laura Taylor Swain, quien en agosto de 2018 dejó claro que la Junta de Control Fiscal (JCF) tiene poder para imponer medidas de política pública dentro del presupuesto, aún con la oposición del Gobernador, toda vez que este poder no significa una usurpación de poderes de la Legislatura.

Para julio de 2018 los presidentes del Senado y la Cámara, Thomas Rivera Schatz y Carlos Mendez Núñez, respectivamente, presentaron una demanda contra la Junta de Control Fiscal (JCF) para que la corte declarara que el ente sobrepasó los poderes otorgados por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA por sus siglas en ingles) y usurpó ilegalmente el poder de la Asamblea Legislativa al implementar su presupuesto y hacer recortes cuando no se derogó la Ley 80 de despido injustificado.

Asimismo, solicitaron al Tribunal Federal un interdicto para que no se implementara el presupuesto de la Junta y sí el que la Legislatura aprobó.

El panel apelativo reafirmó que los tribunales federales carecen de jurisdicción para incidir sobre las recomendaciones del Plan Fiscal o los supuestos errores en las determinaciones de la Junta. En tercer lugar, la demanda no demuestra una necesidad de alivio con la teoría de que la Junta excedió su autoridad en virtud de PROMESA durante los procesos del Plan Fiscal de 2019 y el Presupuesto territorial ni prueba que la Junta coaccionó a la Legislatura a eliminar la Ley 80 para certificar el presupuesto. En vez, ejerció su función de señalar las incongruencias entre Plan Fiscal y Presupuesto para poder certificar ambos una vez corregido este último.

A Mendez Núñez y Rivera Schatz les recordaron que PROMESA otorga a la Junta autoridad exclusiva para certificar Planes Fiscales y Presupuestos para Puerto Rico sin que puedan ser revisadas sus determinaciones por ningún tribunal de distrito de EE.UU.

En su demanda, los Presidentes legislativos argumentaron que la Ley PROMESA que creó a la JCF no despojó a la Legislatura de sus poderes constitucionales, pero las acciones de dicho organismo posteriores a la actuación de la Ley 80 fueron una 'usurpación' de los poderes de la Asamblea Legislativa, además de un esfuerzo ilegal para suplantar a los líderes electos del Gobierno de Puerto Rico.

El presupuesto de la Junta quedó en $8,757 millones, mayor por casi $40 millones al aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes el año pasado ($8,708 millones).

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