Las recientes escaramuzas de la Junta de Control Fiscal con el gobierno responden a las presiones que sectores económicamente poderosos están ejerciendo sobre congresistas y funcionarios de la Casa Blanca para que el ente creado por PROMESA procure acuerdos que beneficien a los bonistas y consiga más dinero para pagar la deuda.

Tan reciente como ayer, el exgobernador de Nueva York y asesor del grupo Ad Hoc de bonistas de Puerto Rico, George Pataki, opinó en una entrevista a Bloomberg Television que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debería considerar sustituir algunos miembros de la Junta porque no han podido alcanzar acuerdos con inversionistas. Pataki no es el primero ni el único.

Desde hace semanas, cabilderos y bonistas han estado reuniéndose con asesores, congresistas y personal de la Casa Blanca exigiendo que sustituyan a los miembros de la Junta de Control Fiscal porque entienden que hasta el momento sus actuaciones no van dirigidas a la razón de ser PROMESA; es decir conseguir el dinero para pagarle a los bonistas.

'Existe un intenso cabildeo de los bonistas pidiendo a la administración del presidente Donald Trump que sustituya su representación en la Junta de Control Fiscal. Hay rumores en Washington de que es posible que vengan sustituciones en los miembros de la junta de control fiscal. Lo que sí sabemos es que hay presión en Casa Blanca para que haya sustituciones en esa Junta. Alguno o algunos', aseguró a Noticel el excomisionado electoral del Partido Republicano en P.R., José Enrique ‘Quiquito' Meléndez.

Dijo que los encontronazos de la Junta y el gobierno, el más reciente que exige recortes en el presupuesto, son el efecto de esas presiones para que asuma un rol más protagónico en lograr más recortes en el fondo general que permita renegociar la deuda con partidas más grandes para garantizar el pago de los bonistas y acreedores.

'Están jugando a la política para proteger sus puestos Tienen mucha presión de Washington porque no han podido conseguir lo que querían los bonistas. Estos están yendo a Washington para mover palancas y lograr una mayor cantidad de dinero en los pagos a los bonistas en los acuerdos de reestructuración de la deuda', confirmóMeléndez.

Sostuvo que el intenso cabildeo ha provocado el fracaso de los acuerdos voluntarios y un aumento en las demandas contra la JCF y el gobierno en el Tribunal Federal. Sostuvo que los bonistas están pidiendo cuentas a los políticos estadounidenses, lo que ha provocado un intenso reclamo mediante cartas cuestionando las actuaciones de la Junta.

En las últimas semanas, el senador republicano por Arkansas, Tom Cotton tuvo un fuerte intercambio de cartas con el presidente de la Junta de Control Fiscal, José M. Carrión III, al que acusó de probar un plan fiscal sin respetar las prioridades de pago a los bonistas como dispone PROMESA.

El presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso y autor de PROMESA, Rob Bishop también subió el tono en una carta a Carrión III acusando de dilatar el proceso de aprobación del acuerdo de reestructuración en la Autoridad de Energía Eléctrica en violación a PROMESA.

'Hay una inconformidad de estos sectores. Los bonistas han contribuido a las campañas políticas de miembros del Congreso y del Senado de EEUU, por lo que están utilizando su acceso a estos para ejercer presión sobre el pago de la deuda', aseguró Meléndez.

Según Meléndez, las razones de los bonistas para solicitar que se sustituya a los miembros de la Junta no son necesariamente beneficiosas para los intereses de los puertorriqueños. Sin embargo, planteó que la JCF, tal y como está constituida, tampoco atiende los asuntos primordiales para el bienestar del país.

Cuestionó que, desde su creación, la Junta de Control Fiscal no ha tenido contacto alguno con la Asamblea Legislativa, ni siquiera luego del nombramiento de la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, que suponía fuera el enlace del organismo con los funcionarios del gobierno.

Señaló a Jaresko como un 'chivo expiatorio' que se le paga una cantidad abismal de dinero para proyectar que hay alguien en control, cuando finalmente son los miembros de la junta, particularmente Carrión III el que toma las decisiones y ha estado dando la cara.

Dijo que algunos han cuestionado el protagonismo de Carrión III como una posible señal de aspiraciones políticas, ya que se ha convertido en la práctica en la 'cara' de la Junta de Control Fiscal, contrario a la descripción de sus funciones en la Ley PROMESA.

Precisamente, Carrión III no descartó dejar la presidencia de la Junta. El pasado sábado dijo que no ha recibido mención alguna en Washington para dejar su cargo, pero dijo que, de ser así, no tendría problema en entregar la presidencia del ente creado bajo la Ley Promesa. Indicó que su trabajo es tomar las decisiones difíciles que los políticos no han podido o no han querido tomar en los pasados 40 años.

'Para mí no representaría ningún problema retirarme como presidente y miembro de la Junta. Este es un trabajo bien difícil que todos estamos haciendo sin compensación alguna porque estamos comprometidos con Puerto Rico', expresó.