Luego de un mes de especulaciones y aseveraciones desde diversos frentes, la Casa Blanca confirmó que no impulsará cambios a la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles), puesto que esa es una labor que le corresponde al Congreso de los Estados Unidos.

'Queremos ver que Puerto Rico se recupere, queremos que la gente de Puerto Rico tenga una voz en ello y queremos que el Congreso sea quien tome las decisiones sobre cualquier cambio que ellos entiendan pertinente. Nosotros no estamos buscando cambios en estos momentos', aseguró Kathy Greene, oficial administrativo de la Casa Blanca a preguntas de NotiCel.

Greene, quien tambien funge como ayudante en la Oficina de Gerencia y Presupuesto federal, destacó la relación estrecha entre el Departamento del Tesoro y la Junta de Control Fiscal (JCF) --ente habilitado por la Ley Promesa para manejar las finanzas de la isla-- así como la directora ejecutiva de la misma, Natalie Jaresko.

En esa línea, subrayó que la administración del presidente Donald Trump trabaja de cerca con el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, para garantizar que los controles fiscales esten en su lugar.

Durante las pasadas semanas, la importancia de la permanencia de la JCF en Puerto Rico se ha intensificado por parte de los miembros del ente federal, además de los congresistas de la nación norteamericana.

El caso más reciente provino del presidente del Comite de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Rob Bishop, quien advirtió que la Administración de Rosselló Nevares y la JCF tienen que trabajar hombro con hombro para solidificar la credibilidad del gobierno local a nivel federal.

El aviso se enmarcó en el pedido de Rosselló Nevares al Congreso de más de $94,000 millones para la recuperación de Puerto Rico tras la emergencia nacional provocada por el huracán María.

Con eso en mente, Bishop, uno de los padres fundadores de la Ley Promesa, anticipó que será difícil asignar los fondos de recuperación si no ven más esfuerzos de cooperación entre poderes.

En sus respectivas visitas a la Isla estos meses, Bishop y el tambien congresista Sean Duffy no vislumbraban cambios a la permanencia de la Junta, aunque mostraron inclinaciones a modificar la Ley Promesa.

Duffy, autor del estatuto, fue categórico al mencionar que la ley sería sometida a cambios a causa del paso devastador del huracán María. No obstante, en esas revisiones futuras no se contemplaba su revocación. Igualmente, reveló que concordaba con Rosselló Nevares en que la JCF jugaba un rol importante en la recuperación a largo plazo de Puerto Rico.