La jueza Laura Taylor Swain que preside en el caso de la quiebra de Puerto Rico falló en contra del Gobernador Ricardo Roselló y devolvió a los tribunales locales la demanda del senador Eduardo Bhatia para que se hiciesen públicas las versiones del presupuesto del país sometidas para la aprobación de la Junta de Control Fiscal (JCF).

La demanda incoada por el líder del PPD exige la transparencia y divulgación del presupuesto del país que el portavoz de la minoría popular en el Senado había solicitado a Rosselló anteriormente.

El pleito es uno de cuatro pendientes que buscan acceso a información relacionada con el presupuesto y con otros documentos relacionados a exigencias que la JCF le ha hecho al gobierno y con el nombramiento de los miembros de la JCF y sus operaciones. La senadora Rosanna López y el Centro de Periodismo Investigativo tienen pleitos pendientes y en los casos del Centro, tanto la Junta como el Gobernador han levantado argumentos similares a los que consideró Swain en el caso de Bhatia.

La decisión de la jueza en el caso de Bhatia no implica que los documentos se van a entregar ya que sólo se limita a determinar que no es ella, ni el Tribunal Federal, los que deben resolver esa controversia, sino que deben ser los tribunales locales porque se trata de un derecho bajo la Constitución de Puerto Rico. Al volver al tribunal local, ese foro entra a decidir los méritos y si procede la entrega.

Las expresiones de la jueza en su decisión, sin embargo, proveen bases para conocer su criterio sobre el tema del acceso a la información y los mismos dejan mal parados a la Junta y el Gobierno ya que descartan la teoría de que toda solicitud de información relacionada al presupuesto y el Plan Fiscal del gobierno tiene que verse dentro del caso de quiebra.

'La teoría (del Gobernador) es defectuosa', concluyó la jueza a la vez que resaltó que 'ninguna sección de la Ley PROMESA aborda el acceso a esos documentos borradores', en referencia a los documentos de presupuesto que pidió Bhatia.

'Aunque el litigio fuera de los procesos de Título III por el derecho de acceso a documentos financieros desarrollados por el gobierno bajo PROMESA puede complicar la marcha de eso procesos, no se ha demostrado que el resultado del litigio sobre acceso a los documentos pueda afectar los derechos, responsabilidades, y libertad de acción del gobierno, o de alguna otra forma concebible pueda tener un efecto en la reestructuración de sus deudas o el tratamiento de su propiedad en el contexto de este proceso de Título III', dijo Swain en su decisión.

Por su parte, Bhatia se expresó satisfecho con la determinación de la juez Swain.

'Recibo con esperanza la determinación de la Juez Swain pues con esta decisión estamos a un paso más cerca en el proceso a favor del derecho a saber y de la transparencia de documentos que son públicos. Con su determinación, la Juez acogió nuestros argumentos sobre su ausencia de jurisdicción sobre el derecho a la información y dispone que el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico resuelva el caso. Nosotros continuaremos nuestra demanda en el foro local y reiteramos nuestra solicitud al Gobernador a dejar subterfugios para no dar información. A él y a todos los componentes del Gobierno, sean transparentes. Sólo así no seguiremos perdiendo credibilidad ante nuestros acreedores, ante el mundo y ante el País', expresó el Senador Eduardo A. Bhatia ante la determinación de Swain.

Este procedimiento corresponde al trámite legal a causa del Mandamus que presentó el 4 de mayo de 2017 donde le exige al Gobernador que haga público el presupuesto que presentó ante la JCF el 30 de abril de 2017 y que no ha sido divulgado. Luego de presentar el Mandamus ante el TPI en San Juan, el Gobernador Ricardo Rosselló pidió que removieran el caso al Tribunal Federal. La juez Swain consideró la petición y la denegó.

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