El secretario de la gobernación, William Villafañe, confirmó hoy, viernes, que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, solicitará a la Junta de Control Fiscal (JCF) la salida de más de 800 empleados 'atornillados' que fueron contratados por la pasada administración en momentos de crisis fiscal y una vez ya había sido electo el actual Primer Mandatario.

La confirmación de Villafañe se dio en entrevista radial (WKAQ 580) y ocurre luego de que durante la campaña electoral, Rosselló Nevares estableciera que iban 'pa' afuera' los empleados atornillados por la administración del pasado mandatario, Alejandro García Padilla.

'Esto a lo que se refiere es a un sinumero de personas que fueron contratados en el momento en que había ya una Ley Promesa', explicó Villafañe a la emisora radial a la vez que detalló que las 840 personas que se les notificará su salida tendrán la oportunidad de exponer, mediante documentación, que su contratación se dio legal y necesariamente.

'Se realiza un tipo de auditoria para establecer quienes fueron contratados de modo legal y quienes no. Se comienza un proceso de notificación y se la da la oportunidad de verificar que fue conforme a la ley', continuó diciendo.

Según expresó el Secretario, los aún empleados corresponden a diversas agencias públicas y serán informados mediante notificación escritas.

Consecuentemente, el titular informó que esta medida no representa una vía para el recorte de jornada laboral que fue impuesto por la JCF y supone comenzar el 1ero de septiembre. Sino, que volvió a fomentar la postura de Rosselló Nevares, quien ya ha establecido que no acogerá la medida que la JCF promueve y aprobó en su pasada reunión en Puerto Rico.

Posterior a este anuncio, la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón dijo que de la misma forma que la JCF evalúa el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, debe también revisar la anulación de los llamados 'atornillados'.

'De la misma forma que se somete un plan fiscal que es evaluado por la Junta, de la misma manera deben tomar la decisión y la evaluación. Si van a evaluar una cosa, no pueden ser las cosas buenas y las malas no', dijo González Colón a preguntas de la prensa.

'El Gobierno es el que hace el reclutamiento. Pero si el nombramiento es nulo e ilegal desde un inicio, nunca debió haber ocurrido. Si el Gobierno decide transferir esa evaluación a la Junta o eso es uno de los elementos que están como parte de las negociaciones del Plan Fiscal, que yo desconozco, pues entonces, le corresponderá a la Junta y al Gobierno tomar esa determinación', añadió.

Rosselló Nevárez vez entiende que la JCF debe hacer los preparativos para que dichos empleados sean removidos de las posiciones.

Carrión responde:

Sin embargo, pese a los comentarios de Rosselló y los de González Colón, el presidente de la JCF, José Carrión III no quedó convencido con lo expuesto por el liderato PNP y alegó que despedir estos empleados no es una acción que le corresponde realizar al ente creado bajo la Ley Promesa.

'Nosotros ejecutar las cesantías? Ajá. Eso un tema gerencial y nosotros no vamos a entrar en temas gerenciales. Yo entiendo que eso es un tema de gerencia y por lo tanto le corresponde al Gobierno', mencionó Carrión ante preguntas de la prensa.