El pago de reintegros continúa. El gobernador Ricardo Rosselló Nevares rechazó hoy, jueves, que la radicación del Título III de quiebra bajo la Ley federal PROMESA vaya a afectar los pagos de reintegros por contribuciones sobre ingresos.

'Vamos a continuar pagando los reintegros y a los suplidores. Están saliendo $11 millones en reintegros', dijo el gobernador tras culminar una reunión con su equipo fiscal en La Fortaleza.

El secretario del Departamento de Hacienda, Raúl Maldonado, dijo que el pago de reintegros continúa ya que es una prioridad y está contenido dentro del plan fiscal. Indicó que la directriz del gobernador fue pagar primero los 28 millones del bono de los 'seniors'.

'Los reintegros son una prioridad. Esa prioridad se incluyó dentro del plan fiscal. Estamos en cumplimiento. Vamos a continuar pagando semanalmente entre $8 y $10 millones en reintegros', aseguró Maldonado.

El gobernador sostuvo que la radicación de quiebra del gobierno no afectará el cumplimiento de sus responsabilidades económicas, incluyendo el pago a suplidores. Los mismos están incluidos en el plan fiscal certificado por la Junta de Control Fiscal (JCF), que según Rosselló no puede ser enmendado ni el Tribunal puede obligar a detener los pagos de las deudas que el gobierno ha contenido en el mismo.

'Hay una percepción que el Título III es la quiebra… La quiebra había llegado hace tiempo! Simplemente esto ha sido un proceso para tener la protección de la corte a las demandas frívolas y una base para poder renegociar los términos de la deuda', aseguró el mandatario.

El Título III de PROMESA dispone que la JCF representará al gobierno ante la Corte y será la encargada de someter un plan de ajuste de deudas que será evaluado por los acreedores y sometido a votación en sus diferentes categorías o clases. Será el tribunal federal quien finalmente aprobará este plan.

El Título III reconoce, además, las prioridades de pago que tendría el territorio o instrumentalidad. Las deudas prioritarias o aseguradas (GO's y COFINA) generalmente implican la obligación de pago total, aunque se pueda extender el periodo en el cual deba satisfacerse la obligación. Las no aseguradas tienen la jerarquía más baja y un plan de quiebra podría proponer que se les pague una cantidad nominal o hasta cero.

De acuerdo aRossellóes errónea la percepción de que ahora será el Tribunal el que determine aquiénesse le va a pagar.

'Es una manera equivocada de ver lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que hay una protección para el gobierno pueda seguir funcionando. Nosotros vamos a trabajar a base del plan fiscal certificado. Ese plan contempla todos estos gastos incluyendo los pagos a distintos proveedores, reintegros', insistió.

El plan fiscal certificado dispone $800 millones para el pago a los bonistas. Según el gobernador, con base en el dinero disponible indicado en el plan, el tribunal determinará cómo lo distribuirá para el pago de las deudas.

Anticipó que todavía mantienen conversaciones para llegar a acuerdos con algunos acreedores bajo el Título VI de negociación voluntaria.