El Comite de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos convocó una vista pública hoy, jueves, para discutir el saldo de los primeros tres años de la Ley federal para la Supervisión, Manejo y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA por sus siglas en ingles), la cual instauró la Junta de Control Fiscal (JCF).

El primer panel de testigos fue encabezado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien comenzó con el pie izquierdo luego que el representante republicano por Georgia, Jody Hice, intentara posponer la vista porque recien el comite recibió el extenso testimonio del Gobernador. Sin embargo, el presidente del Comite, Raúl Grijalva, rechazó la propuesta tomando en cuenta las personas que viajaron de lugares distantes para asistir a la vista.

El testimonio del Gobernador fue cortado para pasar directo a las preguntas con un primer cuestionamiento de Grijalva sobre el acuerdo de reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA). Rosselló Nevares procalmó que la reestructuración se hizo en el mejor interes del pueblo de Puerto Rico, concordando con el Plan Fiscal trabajado junto a la Junta de Control Fiscal (JCF) tomando en cuenta las herramientas disponibles.

Partiendo del 'exito' del acuerdo de reestructuración de COFINA, el Ejecutivo reconoció la Ley PROMESA como una herramienta necesaria para Puerto Rico pero criticó la insitencia de la JCF de 'intervenir en la política pública que establece el gobierno electo por el pueblo de Puerto Rico'.

Rosselló Nevares tambien fue cuestionado por el represenante republicano Rob Bishop por el fallido intento de eliminar la Ley 80, contenida en el Plan Fiscal acordado con la Junta, pero insistió entre interrupciones que ha implementado otra serie de reformas labores.

De otra parte, el Gobernador fue muy cuidadoso en afirmar su apoyo a la acción legal que lleva la Junta por $7 millones de deuda emitidos entre las administraciones de los exgobernadores Luis Fortuño Burset y Alejandro García Padilla. 'Apoyo la examinación apropiada de esa emisión', dijo Rosselló Nevares, pero no fue categórico cuando la representante demócrata Nidia Velázquez le preguntó si estaría de acuerdo en encausar a los responsables de la cuestionada emisión. Tampoco fue categórico en apoyar los actuales miembros de la Junta, que pudiera pasar por un proceso de confirmación en el Senado federal si el Tribunal Supremo de EE.UU. así lo determina. 'Apoyo el proceso de evaluación pues eliminaría inciertos', se limitó a decir.

En un segundo panel se expresaron la directora ejecutiva de la Junta, Natalie Jaresko; el becario de Política Fiscal de la organización Espacios Abiertos, Martín Guzmán; la directora del Institudo de la Juventud, Amanda Rivera; la profesora de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Ana Cristina Gómez; y el becario del Instituto Calle R, Alex J. Pollock.

La participación de Jaresko cerró con la inesperada interrupción de un asistente de la vista, quien se levantó entre el público a condenar la Junta de Control Fiscal y la deuda del Gobierno puertorriqueño.

'La deuda es ilegal e inmoral. La Junta es ilegal e inmoral. Está podrida de conflictos de interes. No sorprende por que los renominó Trump. La Junta es solo una agencia de cobro. Vergüenza para el Congreso por crear este fraude. Dejen de atacar a nuestra gente, nuestras familias, trabajadores, pensiones, escuelas, la UPR y el ambiente. Cancelen la deuda. Se acabaron las promesas. La gente primero que Wall Street', interrumpió el activista sindical y comunitario puertorriqueño de la ciudad de Nueva York, David Galarza.

Durante su testimonio, la Directora de la Junta se expresó frustrada pues 'tres años despues, el gobierno aún no ha implementado muchas de las reformas más críticas del plan fiscal. Como ejemplo, esta semana, el Gobernador anunció que ya no tiene intención de promulgar las reformas de salud que propuso en el plan fiscal. Este es solo el último ejemplo de la incapacidad del Gobierno para actuar'.

Mientras, Guzmán planteó en principio que la reestructuración de la deuda de Puerto Rico se tiene que hacer abarcando a todo el stock de deuda. La pregunta crítica es cuán grande necesita ser la quita de deuda para restaurar su sostenibilidad a la vez que argumentó que un enfoque sensato sería calcular el rango de deuda que era sostenible antes del huracán María y usar tal rango como base de cuál es el valor de la deuda sostenible luego del huracán, pues de otro modo los efectos expansivos que tendrá la ayuda federal por el desastre terminarán resultando en un salvataje implícito a los bonistas en lugar de ayudar a una recuperación de la actividad económica que se pueda sostener en el tiempo.

En cuanto a la Junta, Guzmán apuntó que el organismo continúa promoviendo pagos de deuda que son excesivos en relación a la capacidad de pago de Puerto Rico a la vez que criticó que quienes compraron bonos la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) en los meses que siguieron a María han amasado grandes fortunas a costas del futuro de la economía puertorriqueña.

'La Junta Fiscal y el gobierno de Puerto Rico han exagerado el ahorro que el acuerdo COFINA implica para quienes pagan impuestos en Puerto Rico, y han minimizado tanto sus consecuencias distributivas como el riesgo que implica para el futuro', expresó el economista.

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A continuación los testimonios compartidos en la vista: