Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (SPU) radicó hoy, viernes, una demanda en el Tribunal federal contra la Junta de Control Fiscal (JCF) solicitando una sentencia declaratoria e interdicto provisional para que el plan fiscal sea declarado ilegal y se prohiba al gobierno acogerse al Capítulo 3 de bancarrota.

'Radicamos una demanda contra la Junta de Supervisión Fiscal y sus planes de reducir un 10 % de las pensiones de Puerto Rico. Los retirados y jubilados de este país no aguantarían un recorte de tal envergadura. Esto significaría enviar a nuestros pensionados a la miseria económica y no lo vamos a permitir. Este sector es sumamente vulnerable y tenemos que luchar para evitar este atropello. El recortar las pensiones en un 10 % violenta las cláusulas contractuales con los pensionados, lo que implica un menoscabo a los contratos y esta acción va en contra de lo establecido en la Constitución de los Estados Unidos y de Puerto RIco', expresó la presidenta de SPU, Annette González.

De acuerdo a los demandantes, el plan fiscal es ilegal porque al cortar las pensiones en un 10 % violenta las cláusulas contractuales, noestablece si los mismos van a afectar las cuentas bajo los Sistemas 2000 y la Ley 3. Estos sistemas no reciben fondos del gobierno ya que son cuentas individuales cuyo dinero proviene del empleado. Tocar esos fondos violaría la Constitución al apropiarse de propiedad privada.

'Ya nosotros sufrimos varios ajustes a nuestras pensiones y no aguantamos un cantazo más. Yo tengo miembros que racionan sus medicamentos porque el dinero no les da, tengo otros que muchas veces pasan hambre porque el dinero no les da, y la solución de la Junta de Control Fiscal es recortale 10 % a las pensiones como si nosotrosfuéramosuna ecuación y no fuéramos seres humanos con necesidades básicas que llenar y que nadie nos las suple. Como pueblo tenemos que luchar y defendernos', agregó la presidenta del Capíitulo de Retirados de SPU, Blnca Paniagua.

La organización sindical también argumentó que el plan fiscal viola la ley federal PROMESA que establece que se tienen que pagar las pensiones y que el gobierno debe proveer los fondos adecuados a los sistemas de retiro. Además, apuntan a que la Junta violentó los procedimientos del estatuto al aprobar el plan fiscal del gobierno condicionado a un plan de contingencia impuesto por la Junta.

SPU representa a más de 13,000 empleados públicos y más de dos mil retirados del gobierno central.