Como había anticipado, el gobierno de Puerto Rico acudió ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain para oponerse a la solicitud de la Junta de Control Fiscal (JCF) con la que ese ente creado bajo la Ley PROMESA busca que el ingeniero Noel Zamot sea nombrado Principal Oficial de Transformación (CTO por sus siglas en ingles) de la Autoridad de Energía Electrica (AEE).

La solicitud de la JCF ha sido la respuesta más notable que ha dado ese ente al paso del huracán María por Puerto Rico. Debido al estado en que quedó el sistema electrico, y debido a que la AEE está sometida a un proceso de quiebra en el que la JCF actúa como su representante, la Junta solicitó que se aprobara la designación de Zamot como una medida para a) asegurar que llegan a la isla los fondos federales adecuados para la reconstrucción del sistema electrico y que b) esa reconstrucción sea cónsona con el Plan de Transformación para la corporación pública.

Tras el escándalo de los contratos de emergencia por parte de la AEE a Whitefish Energy y a Cobra Acquisitions, la solicitud de la Junta adquirió un matiz de tomar control de la AEE ante la percibida ineptitud de la gerencia local para lograr avances en la recuperación del sistema electrico.

De hecho, distintas partes y acreedores en el caso de quiebra de la AEE tambien reaccionaron con posturas que se pueden resumir en, o no lo nombres o sólo nómbralo temporeramente, como fue la expresión de los acreedores, hasta que no es necesario nombrarlo porque la Comisión de Energía de Puerto Rico puede cumplir con los propósitos de la JCF sin que se interprete como una interferencia indebida de la Junta ya que la Comisión es un ente del gobierno local y si la Junta actúa a traves de la Comisión no habría interferencia indebida.

En el caso del Gobierno de Puerto Rico, a traves de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), su postura fue de oposición total. Esto porque, según sostienen, PROMESA no le da base a la Junta para hacer nombramiento alguno que interfiera con la gerencia diaria de las entidades gubernamentales o el propio gobierno.

'Si este tribunal endosara el razonamiento (de la JCF), nada detendría a la Junta de tomar control directo sobre cualquiera de las funciones gubernamentales y políticas de Puerto Rico y, por fiat, incluso reemplazar al Gobernador y desplazar a la Legislatura', indica la moción en la que el gobierno tambien sostiene que el hecho de que una entidad del gobierno se someta al Título III de PROMESA para un proceso de quiebra, como lo están la AEE y el gobierno central, no implica que se ceden 'poderes gubernamentales y políticos a la Junta'.

En la moción se concede que la JCF tiene ya poderes que le permitirían, por ejemplo, rechazar contratos de las entidades sometidas al proceso de quiebras, pero que no puede llegar a nombrar a un funcionario de su parte, como Zamot, para hacer eso mismo porque eso no está en la ley y, más allá, es una visión de poderes aumentados para la Junta que el Congreso rechazó cuando aprobó una versión de PROMESA con menos poderes para la Junta.

'Aceptar los argumentos en la moción de la Junta la dejaría con poderes ilimitados sobre Puerto Rico', concluye AAFAF.