La resolución del reto constitucional contra la ley PROMESA por su alegada violación a la cláusula de nombramientos establecida en la constitución federal será profundamente evaluada por la juez federal Laura Taylor Swain, quien escuchó argumentos a favor y en contra en una vista que catalogó como extensa e importante.

En síntesis, el fondo de cobertura Aurelius Capital sostiene que la Junta de Control Fisca (JCF) es un ente federal con oficiales federales que responden exclusivamente al presidente de Estados Unidos y por ende son sujetos a la cláusula de designaciones de la constitución federal. Por tanto, reclaman anular ese cuerpo, todas las acciones que tomaron hasta ahora, proclamando apertura en una paralización de litigios (stay) hasta tanto se decida cómo proceder con los reclamos del caso.

Por su parte, la JCF argumenta que la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica (PROMESA) establece específicamente que la Junta es un ente del gobierno local y no está sujeto a la cláusula de designaciones federal. No obstante, de aplicar esa disposición constitucional el proceso de selección que establece PROMESA no hubiese sido inconstitucional pues el presidente aprobó el mecanismo de selección de miembros mediante un listado elaborado por líderes congresionales como 'el precio de admisión' para comenzar los procesos de quiebra establecidas en PROMESA.

Los argumentos más contundentes de ambas partes se realizaron por los exprocuradores generales de Estados Unidos (Solicitor General), Theodore Olsen en representación de Aurelius y Donald Verrilli para la JCF. Sin embargo, la jueza Swain levantó importantes cuestionamientos sobre la moción de Aurelius, dirigidos principalmente a dilucidar la naturaleza de la clasificación de 'oficial federal' que utilizaron para sustentar sus argumentos sobre la validez de aplicar la cláusula de nombramientos.

Durante su turno de refutación, Olsen insistió que su cuestionamiento es simple en el sentido de aclarar si los miembros de la Junta son oficiales del gobierno federal y, si así es, si sus nombramientos fueron consistentes con la cláusula de nombramientos. Planteó que para ser oficial del gobierno federal, el sujeto necesita ejercer suficiente autoridad conferida por el componente federal - el congreso o el presidente - para ser clasificado de esa manera.

De inmediato, Swain cuestionó por que entonces el Congreso no fue más específico en catalogar la Junta como una territorial, a lo que Olsen contestó que el Congreso estaba consciente de que necesitaban evitar la aplicación de la cláusula de nombramientos para agilizar la aprobación de la ley. En ese sentido, argumentó que en la práctica, la JCF es de naturaleza federal pues sus miembros se rigen exclusivamente por la Ley PROMESA, un estatuto federal, y no por las leyes del gobierno de Puerto Rico.

Swain despues preguntó si la JCF sería sujeta a confirmación del Senado si sus miembros fuesen aprobados mediante elección popular en Puerto Rico, a lo que Olsen respondió en la afirmativa por tratarse de integrantes que se rigen por una ley federal y están sujetos al cumplimiento del estatuto PROMESA.

'¿Y cómo se diferencia de la manera en que se delegó la autoridad de gobierno mediante elección desde el 1947?', preguntó Swain. Olsen sostuvo que desde la creación del gobierno federal en el siglo 18, el Congreso delegó a los territorios la facultad de elegir sus gobernantes locales, sus legislaturas y permitirles crear su propia legislación.

'Ninguna acción de esta Junta se constriñe a la ley de Puerto Rico, oficiales puertorriqueños o ciudadanos puertorriqueños. Ellos deben sus responsabilidades al Presidente', sentenció Olsen.

En su turno de oposición, el abogado Verrilli tambien presentó un contrargumento simple - La ley PROMESA dispone que la Junta es parte del gobierno local, financiada 100% por el gobierno local y no está sujeta a estatutos federales como el Freedom of Information Act (FOIA) o el Inspector General Act y por tanto no está sujeta a la cláusula de nombramientos.

No obstante, Verrilli sostuvo que de probarse correcta la teoría de Aurelius, la Junta sería inconstitucional y ninguno de sus miembros estaría sujeto a la cláusula de nombramientos en primer lugar.

Por su parte Thomas Ward, representante del Departamento de Justicia Federal - quienes favorecen la constitucionalidad de PROMESA - advirtió que el argumento de Aurelius podría tener consecuencias sobre la validez del gobierno democráticamente electo de Puerto Rico. Abundó que de ser aplicable, los oficiales electos de Puerto Rico tambien estarían sujetos a la cláusula de nombramientos, por lo que su elección sería inconstitucional. Sostuvo que el Congreso tiene el poder de autorizar elecciones en los territorios.

La mayor preocupación para los defensores de PROMESA yace en que el conceder la petición de Aurelius arrojaría el progreso hecho en el caso de Título III al vacío, provocando una incertidumbre que ocurrirá con el monto que adeuda el gobierno de $2 mil millones. Dicha cuantía, al presente, está congelada hasta tanto se levante la paralización de litigios que provee el Título III.

Al finalizar la vista, Swain expresó que ponderará profundamente sobre los planteamientos hechos por ambas partes para luego emitir una orden por escrito. Uno de los abogados de Aurelius, Matthew McGill, adelantó que están preparados para elevar el asunto al foro apelativo en el Primer Circuito de Boston.

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