La Autoridad de Edificios Públicos (AEP) funciona como una tarjeta de credito escondida para el gobierno central en la forma en que está manejando el alquiler de los edificios y oficinas del gobierno central, argumentó la Junta de Control Fiscal (JCF) en una demanda sometida ayer en la que pide que el gobierno deje de pagar esos alquileres y que a la AEP no se le reconozca derecho para cobrarlos en el contexto del caso de quiebra del Gobierno de Puerto Rico.

La reclamación no es nueva, ya que la JCF y el Comite Oficial de Acreedores No Asegurados habían hecho planteamientos similares en otra controversia más temprano este año. El 15 de marzo, la jueza Laura Taylor Swain falló en contra del Comite y de la JCF pero dejó abierta la posibilidad de que, en el futuro, se demostrara que los arreglos de alquiler de la AEP con las agencias no eran transacciones legítimas.

Lo que hicieron la JCF y el Comite en su recurso de ayer fue fundamentarle a la jueza por que esos alquileres no son transacciones legítimas y pedirle que así lo declare para disolver las obligaciones de pago que las agencias tienen con la AEP. El recurso es el primero de su tipo que la JCF ha radicado en el caso de quiebras del Gobierno y revela un esquema nunca antes explicado públicamente mediante el cual varias administraciones gubernamentales usaron la AEP esencialmente para poder tomar más dinero prestado.

En el corazón del argumento está el siguiente tracto: gobierno es dueño del inmueble, gobierno lo 'alquila' a la AEP por chavería (por ejemplo, $10), y gobierno (a traves de su control de la AEP) se lo 'subalquila' a las agencias gubernamentales mediante acuerdos diseñados para que el pago de alquiler sea el suficiente para cubrir los pagos de deuda que tenga la AEP además de los gastos reales en que incurre la AEP para darle mantenimiento al inmueble.

'[Las] operaciones de la AEP no son las de un casero, en vez, son, en efecto, las de una agencia administrativa que facilita el repago de los bonos de la AEP', dice la solicitud de sentencia declaratoria sometida ayer. 'La AEP no tiene ningún otro rol ni sirve otro propósito que emitir deuda y ejecutar alquileres para el pago de esa deuda', añade.

Algunos ejemplos de cómo la AEP no es un 'casero' normal son que los cánones de alquiler no responden a la realidad del mercado sino que están sujetos a las necesidades de repago de deuda de la AEP al punto que los cánones pueden ajustarse sin aviso previol hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de las necesidades del repago, que las agencias asumen el costo completo de los gastos de mantenimiento, que las agencias se obligan a pagar los cánones aunque la propiedad este destruida y no la esten usando, los contratos no tienen disposiciones para 'desahuciar' al inquilino y que, al final, tanto el arrendador como el arrendatario tienen como autoridad máxima a la misma persona, el Gobernador, sin posibilidad de revisión en ningún otro foro o instancia.

'Los subalquileres financian directamente unas instalaciones, y/o unas mejoras a instalaciones, de las cuales el gobierno ya es dueño y seguirá siendo dueño al final del alquiler', se explica.

La demanda provee contratos de ejemplo de esto que datan de la Administración Rosselló (el Departamento de Hacienda) y de la Administración Fortuño (el Departamento de Educación).

Actualmente, hay $4,000 millones en deuda pendiente de pago en los bonos de la AEP, tan antiguas como al menos emisiones de 1970. Los bonos no tienen garantía hipotecaria, es decir, su impago no da derecho al acreedor a reclamar las propiedades públicas bajo AEP.

Los aproximadamente 1,900 acuerdos de 'alquiler' vigentes proveen para pagos anuales de unos $401.6 millones y tienen $600 millones en pagos que no se han pagado desde la radicación de la quiebra. La AEP fue creada por ley en 1958.

No todos los 'alquileres' son del gobierno central, tambien hay propiedades alquiladas a corporaciones públicas y al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Esta demanda no abarca la madeja de alquileres que el gobierno tiene con caseros privados, pues solo incluye los acuerdos de alquiler entre agencias de gobierno y la AEP.

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