La Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles), que impone a Puerto Rico una Junta de Control Fiscal (JCF) y da paso a un proceso de reestructuración de la deuda del Gobierno de Puerto Rico, se forjó bajo el pretexto de ayudar al pueblo puertorriqueño pero muchos han cuestionado que a quienes realmente favorece es a los acreedores.

Para la asesora asociada de 'Latino Justice', Natasha Lycia Ora Bannan, ponente de la charla 'PROMESA Two Years Out: Are We Closer to a Solution?' de la New York Bar Association, las medidas de austeridad impuestas a Puerto Rico y los acuerdos cerrados por la JCF con varios de los bonistas demuestran que tienen más empatía por estos que por la ciudadanía. No obstante, para el integrante de la Junta, Arthur González, la realidad es otra.

'Si le preguntas a los acreedores no creo que te den esa contestación', expresó González, quien pasó a detallar la estructura de la Ley PROMESA.

Aunque no ofreció una explicación concreta de por que PROMESA no es una ley a beneficio de los bonistas, de acuerdo a González la ley es única para Puerto Rico pues no existe ninguna otra en los Estados Unidos que le permita a un territorio radicar bancarrota bajo el Capítulo 9 de la Ley federal de Quiebras.

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El Capítulo 9 es un tipo de protección a la cual solo las municipalidades de los Estados Unidos se pueden acoger. A traves de esta ley, las ciudades pueden recibir protección contra sus acreedores mientras pagan su deuda a plazos luego de la confirmación de un plan aprobado por un juez. Bajo este mismo artículo se amparó la ciudad de Detroit en el 2013 cuando radicaron bancarrota.

Para Alvin Velázquez, presidente del Comite de Acreedores No Asegurados (UCC, por sus siglas en ingles), aunque esta ley federal pareciera beneficiar a los bonistas, 'Hay muchos cambios sutiles de lenguaje en PROMESA que tienen un gran impacto. Uno de ellos es que para confirmar un plan de ajuste; el juez debe determinar que remedios hay para acreedores bajo las leyes del estado. La otra cosa interesante de PROMESA es que le da a la Junta discreción total para aplicar planes fiscales pero tambien les da la habilidad para hacer planes de ajustes. Usualmente en la bancarrota hay un periodo de 18 meses de exclusividad y luego de ese periodo de 18 meses, otras partidas pueden ofrecer un plan de ajuste. Hubo un cálculo político hecho en el borrador de PROMESA que determinó que era mejor mantener esto en las manos de la Junta para asegurar la mejor recuperación posible'.

Por otro lado, el abogado y profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Luis Jose Torres Asencio, no cuestionó a quien sirve la Ley PROMESA pero criticó la falta de representación del pueblo puertorriqueño en los procesos de Título III que se dilucidan en la sala de la jueza federal, Laura Taylor Swain.

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De acuerdo al abogado, la JCF actúa como el representante legal del Gobierno de Puerto Rico y de sus distintas agencias a la vez que emplea un equipo legal, pero 'el verdadero deudor, la gente de Puerto Rico, no está representada en el proceso de bancarrota'.

'La legitimidad de ese proceso [de bancarrota] puede ser cuestionado', denunció Torres Asencio, quien considera que son los puertorriqueños son los que sufren las propuestas discutidas en el Título III y las decisiones que se toman en el caso.

A poco menos del segundo aniversario de la Ley PROMESA, la JCF ha logrado entablar y confirmar un acuerdo con los acreedores de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA) en el que además se acuerda una extensión del Impuesto de Ventas por Uso (IVU) por 40 años para saldar la deuda con los bonistas.