La Junta de Control Fiscal (JCF) radicó demandas hoy contra tenedores de los bonos emitidos por el Sistema de Retiro (SRE) y contra contratistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

Según un comunicado emitido por el ente fiscal las demandas tienen la intención de recobrar intereses y principal de bonistas grandes que tengan al menos $2.5 millones en bonos que el SRE nunca estuvo autorizado a emitir al público y para recobrar pagos efectuados por esta agencia y por la ACT que confligían con el Código de Quiebras de los Estados Unidos y las leyes de Puerto Rico.

'Estos bonos, los cuales fueron emitidos en el 2008, nunca se sometieron a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para aprobación. La Junta de Supervisión no pretende perseguir litigios de estas causas hasta que el tribunal determine si los bonos impugnados son, en efecto, inválidos', lee el documento.

Según la JCF, las demandas contra el Retiro buscan recuperar unos $392 millones en pagos totales. Mientras que en ACT aseguran que se han identificado suplidores que recibieron 'pagos de más de $2.5 millones sin un contrato válido, o los pagos no coinciden con sus respectivos contratos durante los cuatro años previos a mayo de 2017, cuando la Junta de Supervisión inició los procesos de ajuste de deudas bajo PROMESA'.

No obstante, David Skeel, miembro de la JCF, aclaró que el ente ha excluido los contratos pequeños de los procedimientos, 'ya que perseguir reclamaciones más pequeñas sería una carga demasiado pesada, particularmente si se compara con las cantidades que podríamos recobrar'.

'Tambien estamos en vías de establecer un proceso informal para resolver estos asuntos con los suplidores fuera de los tribunales, si fuera posible, y para ayudar a los suplidores a clarificar que pagos recibieron', dijo Skeel.