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Junta Fiscal

Miembros de Junta solo pueden ser removidos con causa, pero eso no ha detenido a Trump

El Tribunal Supremo federal ha permitido que Trump destituya funcionarios, aún cuando, como los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, se requiera “causa” para ello.

Junta de Supervisión Fiscal con la gobernadora Jenniffer González.
Foto: Edgardo Medina Millán / NotiCel

La Administración Trump destituyó a cinco miembros demócratas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el viernes, algo que se supone solo ocurra con “causa”, pero que es una práctica que el Tribunal Supremo federal le ha permitido hasta ahora al presidente en otros casos.

La JSF primero reaccionó indicando el martes en la mañana que tienen “siete miembros activos”. Luego, en la tarde, reconocieron que el presidente Donald Trump “despidió a los siguientes cinco miembros de sus cargos: Arthur J. Gonzalez, Cameron McKenzie, Betty A. Rosa, Juan A. Sabater y Luis A. Ubiñas”. Añadió que el ente fiscal continuará “trabajando para cumplir con el mandato de PROMESA y en beneficio del pueblo de Puerto Rico”. Solo quedan los miembros John Nixon y Andrew Biggs, ambos nombramientos republicanos y ninguno presidente del cuerpo, ya que el presidente era Gonzalez. También queda el director ejecutivo Robert Mujica, quien no es miembro sino que sirve por la confianza de la mayoría de los miembros.

Bajo la Ley PROMESA, que creó la Junta y que habilitó un proceso de quiebra para la deuda pública de la isla, los miembros se quedan sirviendo hasta que se nombre su sucesor. Pero la ley dice que eso es cuando “expira” el término del miembro, mientras que el correo electrónico de Casa Blanca el viernes a los cinco miembros es que su “posición” ha sido “finalizada (terminated) con efectividad inmediata”.

El correo lo emitió Trent M. Morse, subdirector de Personal Presidencial, quien también estuvo encargado de otras destituciones, como las de fiscales en el Departamento de Justicia. Las destituciones primero se conocieron en el medio conservador Breitbart News el lunes en la noche.

El presidente Donald Trump no ha hecho expresiones sobre Puerto Rico en este segundo término. Pero una de sus figuras más allegadas, la ‘influencer’ de extrema derecha Laura Loomer, comenzó a hacer críticas sobre los salarios del equipo de la Junta y costos de consultores el 17 de julio, el día después en que el Congreso hizo una vista sobre la operación de la JSF que resultó favorable para el ente fiscal, particularmente porque pudo plantear en varias ocasiones que había hecho frente a la pretensión de los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de recobrar todo el monto de su deuda, una cantidad más de cuatro veces lo que la junta ha dicho que la isla puede pagar. Loomer se ha descrito como la “sicaria de lealtad” de Trump y ha logrado que este despida a otros funcionarios de alto nivel por la percepción de que no son suficientemente leales al mandatario.

Laura Loomer.
Foto: Gage Skidmore

Al confirmar la movida, personal de Casa Blanca indicó a Prensa Asociado que la Junta “ha sido dirigida de manera ineficiente e ineficaz por sus miembros durante demasiado tiempo y es hora de restaurar un liderazgo con sentido común”. Esta no es el tipo de justificación específica y fundamentada que usualmente se requiere como criterio legal para despedir a alguien por “causa”, pero la Junta no contestó preguntas de NotiCel sobre si los miembros despedidos se quedarán en sus posiciones hasta que nombren sucesores o si retarán la destitución en los tribunales.

Hasta ahora, los funcionarios federales despedidos, que se supone lo fueran por “causa” y que han demandado al presidente, no han tenido éxito en que los tribunales reviertan la despido. De hecho, la más reciente decisión del Tribunal Supremo federal en uno de esos casos ocurrió el 23 de julio pasado en el contexto de la Consumer Product Safety Commission donde, como ahora, Trump destituyó a los miembros demócratas. El Supremo no se ha expresado en pleno sobre esas acciones pero, bajo su proceso de decisiones “de emergencia”, las han permitido. Esta práctica llevó a una opinión disidente en la que las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Jackson reiteraron que ese proceder del tribunal “permite que el Presidente ignore leyes federales”.

Si los miembros destituidos de la Junta quisieran reclamar en el tribunal, una distinción que se presenta en su caso la creó el propio Tribunal Supremo federal cuando en 2020 determinó que los miembros de la JSF no son “oficiales de los Estados Unidos” para efectos de la cláusula de nombramientos de la Constitución federal (la que requiere que los nombramientos de estos oficiales vayan al Senado para confirmación). Lo que decidió el Supremo es que el nombramiento de los miembros de la Junta cae bajo los poderes del Congreso para crear organismos locales en los teritorios y para designar miembros a esos organismos. Esto, porque la Ley PROMESA define a la Junta como un organismo del Gobierno de Puerto Rico, no un organismo federal.

La destitución llega cuando la única quiebra que queda pendiente por resolver, y la de litigio más largo y feroz, es la de la AEE. Las aseguradoras de bonos se mantienen en que se les tiene que pagar la deuda completa con intereses, unos $12,000 millones, pero la Junta solo ha ofrecido poco más de $2,000 millones porque es lo que sus estudios han concluido que se podría pagar en las próximas décadas como “ingreso neto” de esa corporación pública.

Justin Peterson, un exmiembro de la Junta que fue designado por Trump en su primer término pero que renunció al organismo, también ha abogado por la destitución de los miembros de la JSF y la tramitación rápida de una transacción con los bonistas de la AEE. Peterson, un relacionista de bonistas, se ha fundamentado en lo que la gobernadora Jenniffer González Colón dijo en campaña, que la reserva presupuestaria que ha podido desarrollar el gobierno después de realizar las demás quiebras es suficiente para ofrecerla como pago a los bonistas de la AEE. González Colón también dijo que su administración quería intentar una negociación con los bonistas, alterna a la de la Junta.

El proceso de nombramiento que dicta PROMESA, y que la jueza Sotomayor llamó “laberíntico” en 2020, es que el Speaker de la Cámara somete dos listas con tres candidatos cada una (una de las listas solo con residentes de la isla, como lo era ahora McKenzie), el líder de la mayoría del Senado somete lista con cuatro nombres, y los líderes de la minoría en la Cámara y Senado someten cada uno listas con tres nombres. Entonces, el presidente escoge dos nombres de la del líder de mayoría del Senado y uno de cada una de las demás listas para llegar a seis. El séptimo lo puede nombrar directamente el presidente. Trump podría nombrar a personas que no están en ninguna lista, pero esos requerirían confirmación del Senado.

Para ver el caso del Supremo sobre los nombramientos en la Junta, pulse aquí.

PDF: Caso del Tribunal Supremo federal sobre nombramientos en la Junta de Supervisión Fiscal (2020).pdf

Vea:

JSF confirma destitución de cinco de sus siete miembros

Periodista y abogado con 25 años de experiencia. Cofundador, o miembro de los equipos fundadores, de NotiCel, el Centro de Periodismo Investigativo, Red 96, Primera Hora y El Nuevo Día Interactivo.