Coordinadora general pide no ser ingenuos porque la destitución masiva en la Junta augura “aumentos brutales” en la factura de energía para pagar a bonistas.

La coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados Rodríguez, advirtió que ni los que se oponen a la Ley PROMESA tienen razón para celebrar la destitución ayer de cinco miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por parte del presidente Donald Trump porque lo que está detrás es la pretensión de los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de que se aumente la tarifa un 30% para pagarles deuda.

“Los bonistas de energía eléctrica son 10 veces peores que la Junta de Control Fiscal”, afirmó en una transmisión en sus redes sociales en la que descontó los argumentos que se han mencionado para justificar las sustituciones.

La abogada, quien ha sido activista a favor de la auditoría de la deuda y en contra de la Ley PROMESA que instituyó el poder de la JSF sobre la isla, particularizó que GoldenTree Asset Management LP es el bonista “buitre” que lidera a otros acreedores y encabeza la ofensiva que resultó en la destitución el viernes pasado de cinco de los siete miembros del ente fiscal.

Recordó que estos bonistas no fueron los que prestaron dinero para que la AEE hiciera inversiones capitales en la red a lo largo de décadas, sino que son los que compraron la deuda de la corporación pública cuando ya estaba en quiebra, cuando valía muy poco, y que ahora su objetivo es que se le paguen los bonos al 100% como si ellos los hubieran pagado al 100%. “Son los bonistas más agresivos que Puerto Rico ha enfrentado en su historia”, subrayó.

Prados Rodríguez argumentó que todos los planes de ajuste de deuda que la Junta ha logrado en los nueve años de su operación fueron en acuerdo con bonistas y han sido perjudiciales para la isla. Durante todos esos, existían las mismas objeciones sobre la Junta que ahora se usan para la destitución masiva: medidas de austeridad, falta de democracia, gastos exorbitantes en consultores y abogados, abuso con los pensionados y la Universidad de Puerto Rico y salario gigante de su director ejecutivo. Pero que es ahora, cuando el ente fiscal no negocia con bonistas y se sostiene en que no se puede repagar toda la deuda, que ocurre la movida de Casa Blanca.

“Fuimos nosotros los que le advertimos a la Junta en una movilización ciudadana brutal que cualquier aumento en la factura de la luz en este momento para pagar a los bonistas era un error terrible económico”, reclamó al apoyar que “por primera vez la Junta de Control Fiscal está diciendo ‘no se puede ya, se raspó lo suficiente, no tenemos de dónde sacar’”.

En mayo pasado, la Junta expuso una fórmula que resultaba en que, si los bonistas obtienen todo el repago que quieren, la factura promedio aumentaría por al menos $64 mensuales. El ente ha dicho que lo más que se puede pagar son unos $2,500 millones, pero los bonistas quieren unos $12,000 millones. Aún con los cambios en la composición de la Junta, el plan de ajuste de la deuda depende de una decisión de la jueza federal Laura Taylor Swain y el aumento en la factura para repagar la deuda tiene que pasar por la evaluación del Negociado de Energía.

La decisión de Trump de destituir a los cinco miembros, incluyendo el actual presidente, aparenta haberse comenzado a gestar el mes pasado cuando, después de una vista congresional en la que se criticó a los bonistas de la AEE, la ‘influencer’ Laura Loomer comenzó a criticar los gastos y salarios en el ente fiscal. La mujer ha demostrado tener línea directa con el presidente y se ha autodenominado la “sicaria de la lealtad” a Trump, buscando la destitución de funcionarios que percibe no responden al presidente.

La Ley PROMESA plantea que la destitución de los miembros tiene que ser por “causa” y la Casa Blanca no ha ofrecido causa más allá de las alegaciones generales sobre gasto y eficiencia. “La única causa en la cabecita del presidente Trump es que son cinco personas nombradas por los demócratas, eso es todo”, puntualizó Prados Rodríguez al adelantar que ahora vendrán miembros sucesores que “estén alineados con esta visión de que se pague la deuda sin importar las repercusiones, que se le paguen a los bonistas aunque eso signifique sacrificar el futuro económico de Puerto Rico”, por lo que hay que estar “listos para salir a la calle.

Por su parte, la exasesora del presidente Joseph Biden para asuntos de Puerto Rico y los territorios, Gretchen Sierra Zorita, expresó que “estoy bastante segura de que la motivación de la Casa Blanca nada tiene que ver con la carga que la Junta representa para el pueblo de Puerto Rico”. “Es más probable que los despidos hayan sido instigados por los bonistas que litigan la deuda de PREPA, y quizás también por el sector del gas natural, interesado en el mercado puertorriqueño y en desplazar la energía renovable, en línea con la política pública del Sr. Trump”, añadió al coincidir también en que la Casa Blanca no ha presentado la causa que se requiere bajo PROMESA para destituir a los miembros.

El demócrata de más alto rango en el comité congresional de Recursos Naturales, Jared Huffman, reaccionó indicando que los miembros de su partido advirtieron en la vista del mes pasado que los bonistas buscaban este resultado. “Ahora, Trump parece estar dándole la victoria a estos bonistas acaudalados, a la vez que le abre camino a los jugadores de combustibles fósiles y a donantes del inversionismo privado para que tomen control de Puerto Rico y lo condenen a una red eléctrica inestable, infraestructura de energía sucia, altos costos de energía y décadas de contaminación”, concluyó.

Vea:

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Repagar la deuda completa de la AEE añadiría al menos $64 mensuales a la factura