Un grupo multisectorial, compuesto por alrededor de diez mil ciudadanos, radicó una demanda en el Tribunal Federal en aras de impugnar la constitucionalidad de la Junta de Control Fiscal (JCF) bajo la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles).

Parte de los remedios solicitados incluyen que se declare inconstitucional ente federal, uno a cargo de fiscalizar las finanzas del País, y que se establezca que parte de la deuda pública bajo el nombre de Puerto Rico --una que sobrepasa los $70,000 millones-- es ilegal.

El documento fue entregado en la mañana de hoy, martes, en el Tribunal Federal para ser evaluado en el foro del Título III sobre la quiebra de Puerto Rico, presidido por la jueza Laura Taylor Swain.

'Esta demanda está concebida para probar que desde la Declaración de Independencia, la Carta de Derechos y todo ese derecho positivo tienen que atenderlo. Estados Unidos le debe eso a Puerto Rico. Despues de la farsa del Estado Libre Asociado, nos deben eso. Su corte suprema tiene que expresarlo por escrito', señaló el abogado Reynaldo Perez Ramírez.

Perez Ramírez es uno de los representantes del caso, junto a Roberto Maldonado Nieves y tiene como demandados al gobierno de los Estados Unidos, la JCF, y Ricardo Rosselló Nevares en su función de gobernador de la Isla por acatar, según se explicó, determinaciones tomadas por el ente federal.

El recurso, por su parte, fue entregado de manos de Rene Pinto Lugo, según se informó en conferencia de prensa.

Los abogados se fundamentan, además en que entre la toma de decisiones de la JCF impera un carácter antidemocrático y sin transparencia, que ni se ha inmutado en realizar una auditoría de la deuda pública.

'La Constitución de Puerto Rico, en su artículo 6, sección 2 y subsiguientes dice cuáles son los parámetros, las limitaciones para emitir deuda pública. Si alguien hubiese seguido esos parámetros, no tendríamos 70,000 millones en deuda pública', aseguró Pinto Lugo.

'Es incomprensible que tengamos ese nivel de deuda pública. Eso no pasó ayer ni antes de ayer. ¿Cómo vamos a dirigir y reconstruir a nuestro País si no sabemos que pasó con 70 billones de dólares? El primer paso es adjudicar lo que pasó', añadió.

A los firmantes se unen múltiples organizaciones cívicas y sindicales, como la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Electricas (UITICE), la Asociación de Inspectores de Juegos al Azar de la Compañía de Turismo, y la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Electrica (AEE), entre otros.

En caso de denegarse el primer pedido, el colectivo solicita la remoción de los miembros de la JCF que presenten conflicto de intereses con la deuda, como Carlos García y Jose Ramón González.

'Cómo vamos a tener dos personas que podrían ser señaladas? Es imposible que tengamos a esas dos personas ahí, no solo por los puestos que ocuparon en el Banco Gubernamental de Fomento, sino que en Santander. Basta con la apariencia de conflicto, solo que aquí no hay apariencia, aquí hay conflicto. Se trata del conflicto real, esto es insostenible e indefendible', declaró Pinto Lugo.

Como parte de los remedios, se pide que se reconozca el derecho de los demandantes y los ciudadanos a participar en las decisiones de conservar, administrar y disponer de la AEE, entidad que consideran un servicio esencial, además del agua.

El colectivo expresó seguridad en que, de obtener una victoria, el 'stay' de Promesa en cuanto al cobro por parte de los bonistas no se vería afectado. Del mismo modo, al declararse inconstitucional la JCF, el Congreso se vería en la obligación de reformarla.

'Esto es como una avenida con cientos de carriles y la jueza [Swain] los va atajando y resolviendo en la medida en que crea posible', subrayó Maldonado Nieves.

El colectivo inaugurará la página web www.boricuasinfronteras.com, la cual tendrá una sección dedicada a la demanda y sus trámites.

Para ver la demanda, pulse aquí.