En la medida que la Autoridad de Energía Electrica (AEE) siga existiendo, sea de manera reducida luego de vender sus activos o manteniendo algunos de ellos, los procedimientos de Título III que administra la juez federal Laura Taylor Swain continuarán su curso con el fin de desarrollar un plan de ajuste de deuda para cumplir con sus obligaciones crediticias.

Según el abogado federal Rolando Emmanuelli, aunque hay poca información sobre la propuesta venta de los activos de la corporación pública, en la medida que vayan traspasando sus activos y se mantenga la entidad jurídica que lleva el nombre Autoridad de Energía Electrica - que mantiene obligaciones de deuda con sus acreedores - el caso continúa y la corporacón seguirá siendo dueña de su deuda.

'Un deudor de un caso de quiebra puede ir liberándose de activos para pagar deudas y quienes cobran primero son quienes están asegurados, si sobra, cobran los no asegurados y eso sería lo que al final del camino quedaría para que la jueza tome la determinación final sobre el plan de ajuste de deuda', explicó el abogado.

Sin embargo, la venta primero tiene que ser aprobada por la Junta de Control Fiscal (JCF) pues las disposiciones de la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica (PROMESA en ingles) no permiten que la juez a cargo del caso entre en los activos del deudor para pagar a sus acreedores. Sin embargo, esos activos podrían incluir gravámenes impuestos por los propios acreedores, por lo que quedaría en ellos determinar si la venta incluye la deuda que se les debe.

'La venta podría ser libre de cargos y gravámenes si es que no hay cargos o gravámenes o la venta podría ser en donde el que compra tenga que satisfacer ese credito, porque el acreedor asegurado tiene derecho', señaló Emmanuelli.

Sigue pendiente una orden de la jueza Swain sobre el reto consitucional contra la Ley PROMESA, que tendría el efecto de invalidar los nombramientos de los miembros de la JCF, por consiguiente, sus acciones que tomaron al certificar el plan fiscal y autorizar los procedimientos de Título III. Emmanuelli, representante legal de la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y de Riego (UTIER), junto al representante legal del fondo de cobertura Aurelius, y el exprocurador general de Estados Unidos Ted Olson, defienden el argumento de inconstitucionalidad.

De prevalecer en sus argumentos, Emmanuelli especuló que procedería un ordenamiento por la jueza Swain para continuar la paralización de litigios contra el gobierno y sus dependencias por un termino limitado. Esto, para proveer suficiente tiempo al Congreso a enmendar el marco legal de PROMESA para que sea cónsono con la Constitución.

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