La jueza de quiebras federal, Laura Taylor Swain, denegó sin perjuicio la petición de la Junta de Control Fiscal (JCF) para extender el periodo para presentar causas de acción contra acreedores para recuperar pagos sobre bonos retados por el organismo creado por la Ley PROMESA.

Eso implica que la fecha límite -un periodo de dos años posterior a la presentación del caso de Título III que vence el próximo 2 de mayo en el caso de causas contra el Gobierno central- se sostiene y no se extenderá. Al derrotarse la solicitud de la JCF, tienen ocho días a partir de hoy para organizar, diligenciar y presentar ante la corte las demandas que incoará contra bonistas.

Por parte de la Junta, representada en este asunto por el Comite Especial de Reclamaciones -para cual contrataron a la firma Brown Rudnick LLP- insistieron que han sido diligentes a la hora de priorizar corrientes de trabajo para identificar aquelloas con más valor para el Gobierno de Puerto Rico y las partes interesadas. A esos efectos, indicó que por los últimos cinco meses han estado analizando sobre 30,000 documentos provistos por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), lo que tan solo representa un 40% de los documentos pedidos.

Dado los numerosos reclamos que podrían perseguir, el Comite Especial optó por perseguir las causas de acción con reclamos mayores al millón de dólares. Ahora están forazado a presentar causas de acción contra miles de bonistas en menos de una semana, lo que los llevaría a redirigir recursos del Gobierno y la atención de la JCF a la radicación de estas demandas.

Swain, sin embargo, levantó preocupación con la solicitud señalando que no está familiarizada con la autoridad que podría tener para imponer una determinación amplia que afecta los derechos de personas quienes no han sido notificados de alguna causa en su contra. Añadió que no cuenta con ningún precedente para tomar esta acción extraordinaria, señalando que los casos citados tienen un solo demandante.

De no aprobarse la solicitud, advirtió el Comite Especial, la Junta se expone a gastar tiempo, energía y recursos públicos para perseguir causas no procesables, lo que implicaría un gasto sustancial.

Fin a la concesión de líneas de AEE a mediados del 2020

Por otra parte, la representación legal de la JCF -encabezada por la firma Proskauer Rose- indicó en su informe inicial que el proceso de transformación de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) está encaminado y esperan evaluar las primeras propuestas sometidas ante la Autoridad de Alianzas Públic Privadas (AAPP) en julio. En ese sentido, esperan finalizar el proceso de subasta para septiembre y que la transacción finalice durante el segundo trimestre del 2020.

En cuanto las negociaciones con acreedores de la AEE, el abogado de la Junta indicó que continúan las discusiones entre elGgobierno, el grupo ad hoc de bonistas de la Autoridad, y las aseguradoras. Martin Bienenstock, abogado de Proskauer Rose, indicó que las negociaciones son 'prometedoras a este punto'.

Sobre las negociaciones con los acreedores del Gobierno central, indicó que proceden con las discusiones en bloques y en distintas etapas de forma positiva. Estos procesos se llevan a cabo mediante mediación confidencial, sin embargo, el Comite de Acreedores No Asegurados advirtió que la JCF no los está incluyendo en las discusiones.