La jueza federal Laura Taylor Swain escuchará este miercoles los argumentos orales del primer reto constitucional contra la Ley de Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA por sus siglas en ingles) que persigue anular todas las acciones hechas por la Junta de Control Fiscal desde que entraron en funciones oficiales.

Sometida en agosto del año pasado por el fondo de cobertura Aurelius Capital a traves de su representante legal, Theodore Olson, la moción argumenta que las acciones de la JCF son nulas pues ninguno de sus siete integrantes fue confirmado por el Senado federal. Ante esto, Olson - quien fue Procurador General de Estados Unidos (U.S Solicitor General) durante la presidencia de George W. Bush - sostiene que PROMESA violó la clausula de nombramientos de la constitución federal y por tanto las designaciones, y todas las acciones que tomaron durante al iniciar el procedimiento de quiebra bajo Título III, no son válidas.

Una moción identica fue radicada por la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y de Riego (UTIER) y unida a la de Aurelius. Ambas buscan desestimar la petición de la JCF para reestructurar la deuda bajo el Título III.

El fondo de inversión va más allá y argumenta que las funciones que ejercen por ley corresponden a aquellas de un funcionario oficial de primera categoría que debería ser designado bajo la discreción única del presidente con el consejo y consentimiento del Senado. Por tanto, objetan el metodo que utilizó la ley PROMESA para elegir sus miembros mediante listados elaborados por líderes en ambas Cámaras federales y lo consideran una restricción a las facultades del presidente de hacer nombramientos libremente.

Para este asunto en particular, la Junta informó al tribunal en septiembre del año pasado que retuvieron al abogado Donald Verrilli para formar parte de su oposición a la moción de Aurelius. Verrilli tambien fue Procurador General de Estados Unidos - en su caso durante la administración del presidente Barack Obama - y fue quien argumentó en contra de la soberanía de Puerto Rico en el 2016 ante el Tribunal Supremo Federal en el caso de Puerto Rico v. Sánchez Valle.

El contrargumento de la JCF sostiene que la Ley PROMESA especifica que tanto la JCF como sus miembros son parte del andamiaje del gobierno local y no federal. Señalan además que, al redactar PROMESA de esta manera, el Congreso está dentro sus poderes bajo la clausula territorial de generar este nuevo componente al gobierno local, sin estar sujeto a la cláusula de nombramientos de la constitución federal.

Por tal motivo, la Junta argumenta que sus miembros fueron designados apropiadamente por el presidente y añaden que el mecanismo de lista que utilizaron no coarta la libertad del comandante en jefe de elegir los integrantes de ese cuerpo. En ese sentido, sostienen que PROMESA permite que el presidente elija los miembros que desee.

Swain convocó una vista oral para escuchar a las partes el próximo miercoles 10 de enero a las 11 am en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, con transmisión en el tribunal federal de San Juan. Según la orden de la jueza, los argumentos de ambas partes tendrán una duración de 90 minutos.

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