Antes que terminara el 2018 pero dentro del termino establecido para presentar objeciones al plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interes Apremiante (COFINA), el sindicato PROSOL-UTIER radicó un extenso y ponderado rebate a las conclusiones que llegó la Junta de Control Fiscal (JCF) para impulsar la reestructuración de la corporación pública.

Los argumentos esbozados por esa unión, representada en la corte por el abogado Rolando Emmanuelli, resaltan que la confirmación del plan de ajuste de la deuda de COFINA tendrá un impacto directo al financiamiento de los servicios esenciales, afectando el pago de pensiones para los más de 800 integrantes de esa unión. La moción va más allá y advierte que el propuesto arreglo para los acreedores, el cual se programó para autorizar pagos de deuda hasta el 2058, dispone un aumento gradual en los pagos de esa obligación que superará la capacidad de crecimiento de la economía local, forzando otra eventual quiebra aún más costosa.

En el caso de la objeción de PROSOL-UTIER, se distingue por incluir un análisis detallado del economista Jose Alameda Lozada -catedrático de la Universidad de Puerto Rico- quien fue retenido por la unión para analizar el impacto de la propuesta reestructuración de COFINA.

Mediante una declaración jurada, Alameda Lozada destaca que existe gran incertidumbre sobre las proyecciones de la Junta pues abordan un periodo de 40 años, no incorporan márgenes de error y son irreales y extremadamente oportunistas, algo que anticipa será una receta para el fracaso. En ese sentido, el economista advierte que el plan de COFINA no es confiable, no garantiza el financiamiento de servicios esenciales, y provocará otro impago antes o despues del 2034.

En reiteradas ocasiones, tanto la JCF como la Administración Rosselló Nevares se han resistido a la definición de cuáles son los servicios esenciales que debe proveer el Estado, uno de los requisitos umbrales para la confección de planes fiscales bajo la Ley PROMESA.

'Ausente una definición de que servicios deben ser protegidos como esencial, no hay manera de cumplir con el acuerdo de COFINA y el plan de ajuste sin inmediatamente, o eventualmente, perjudicar esos servicios, tal como la salud, educación y seguridad pública, entre otros', reza la objeción.

El sindicato tambien resalta en su escrito que la JCF divulgó que las proyecciones en el plan fiscal certificado del Gobierno central sobre el pago de pensiones se quedaron cortas por $3,500 millones, algo que argumentan requerirá la formulación de un nuevo plan fiscal y la prolongación de la confirmación del plan de COFINA. Otro factor que podría alterar las proyecciones es la tardía entrada de fondos de reconstrucción post huracán María, otro factor que ya es una realidad y que trastoca las proyecciones de crecimiento económico que sostiene la reestructuración de COFINA.

Uno de los puntos que levantó el sindicato gira en torno a la naturaleza del deudor como gobierno, pues a diferencia de una corporación, no puede liquidarse para atender sus deudas. Esto demuestra la falta de conocimiento de la Junta sobre las verdaderas expectativas y la responsabilidad de mantener la naturaleza del Gobierno y sus obligaciones como deudor.

La moción tambien presenta la demanda incoada por el representante Manuel Natal Albelo contra el Gobierno por la aprobación de las enmiendas a la Ley de COFINA, aprobadas el año pasado, que facilitarán la reestructuración de sus obligaciones. Según señala, tanto en el Código de Quiebras como en la Ley PROMESA se requiere que el plan de ajuste sea cónsono con la ley y cualquier otra regulación.

Además del pleito de Natal Albelo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aún no se ha expresado en torno un reto constitucional previo a la validez de la estructura de COFINA. De prevalecer una de estos dos retos a la validez de la ley orgánica de esa corporación pública, el plan de ajuste no podría ser confirmado.

Por otra parte, Alameda Lozada tambien advierte que la reciente aprobación de la Reforma Contributiva que disminuye a 7% la tasa del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) para alimentos preparados y que tambien reduce la tasa del impuesto a las transacciones entre negocios (B2B) tampoco se han analizado para determinar el impacto que tendrán sobre las proyecciones de crecimiento económico.

A la moción de PROSOL-UTIER tambien se unió el movimiento VAMOS, la Unión de Empleados de Oficina y Profesionales de la Autoridad de Edificios Públicos, la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones Electricas, la Unión Independiente Autentica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Unión de Empleados de Oficina Comercio y Ramas Anexas, Unión de Empleados Profesionales Independientes, la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, la Asociación de Inspectores de Juegos de Azar y el representante Natal Albelo.

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