El Tribunal de Apelaciones en Boston denegó a la Unión de Trabajadores de la Industria Electrica y de Riego (UTIER) una reconsideración que el sindicato había radicado para que se declararan inválidas las acciones tomadas por la Junta de Control Fiscal (JCF) y se suspendieran sus operaciones.

La reconsideración fue presentada por el colectivo luego de el juez Juan Torruella declara ilegales los nombramientos de los miembros de la Junta pero en su determinación, afirmara que las decisiones tomadas por esos miembros prevalecían en Puerto Rico bajo los poderes que le otorga la Ley de Supervisión, Gerencia y Establidad Económica para Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles).

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'Tenemos miedo de que darle a los peticionarios todo lo que piden va a tener consecuencias negativas para los muchos, si no miles, de terceros inocentes que han confiado en las acciones de la Junta hasta ahora. Además, una invalidación sumaria de todo lo que la Junta ha hecho desde 2016 muy probablemente inyectará más atraso en un proceso histórico de reestructuración de deuda que ya fue virado al reves por los estragos de los huracanes que afectaron a Puerto Rico en septiembre de 2017', dijo Torruella antes de que la UTIER presentara la reconsideración ante el tribunal.

Sin embargo, pese a que el presidente del sindicato, Ángel Figueroa Jaramillo, se mostró complacido con la 'ilegalidad' señalada en los nombramientos de la Junta, opinó que dicha determinación no era suficiente. Ante la decisión del Apelativo hoy, Figueroa Jaramillo sostiene que acudierá al último foro, el Tribunal Supremo.

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'Ya discutimos el asunto con los abogados y estamos listos para recurrir al Tribunal Supremo. Esta denegación a las peticiones de reconsideración nos abren el camino para llevar este caso hasta las últimas consecuencias y demostrar lo que venimos diciendo en el sentido de que si ilegales fueron y son los nombramientos de los miembros de la Junta de Control Fiscal, igual de ilegales son sus acciones' expresó finalmente el líder de la UTIER.