La Junta de Control Fiscal (JCF) objetó la solicitud presentada por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura (APJ) para que la jueza Laura Taylor Swain deje sin efecto la propuesta reducción en las pensiones de los jueces, a la vez que advirtió que, de aprobar ese pedido, desataría reclamos similares entre otros pensionados del gobierno.

Según representó la Junta al tribunal, la demanda que presentó la APJ supone ser un intento para argumentar la viabilidad del recorte a las pensiones de la judicatura como un asunto aparte a la quiebra en lugar de discutirlo dentro el contexto del plan de ajuste de deuda para el gobierno central.

La APJ por su parte, sostiene en su demanda -la cual retomaron a principios de diciembre del año pasado tras una fracasada negociación con la JCF- que las pensiones de la judicatura puertorriqueña están protegidas por el concepto federal de independencia judicial, aplicable a ellos por conducto de la Constitución de Puerto Rico que a su vez fue ratificada por ley federal. En síntesis, la APJ sostiene que las pensiones de los jueces están protegidas a nivel federal y reducirlas implicaría atentar contra el criterio de ellos.

Aunque la JCF reconoce los planteamientos de la APJ, señalan tambien que el impacto de eximirlos de cualquier recorte no beneficiaría al gobierno pues impactaría al resto de los acreedores con mayor prioridad de pago, especialmente los bonistas de las Obligaciones Generales. Añaden que dado a que la ley PROMESA dispone que las objeciones al plan fiscal se atenderán durante la confirmación del plan de ajuste, la solicitud debiese atenderse en ese momento y no mediante un caso aparte.

Más allá de alertar el daño potencial que tendría eximir a los jueces del recorte a las pensiones del gobierno, en su objeción la JCF va más allá y demuestra que el reclamo de la APJ no es suficientemente válido para atenderse fuera del caso. En su moción, la JCF demuestra que al emplear los 'Sonnax Factors' -una prueba de 12 elementos utilizada en casos de quiebra para determinar si el reclamo de un deudor debe atenderse fuera del caso de quiebra- la solicitud de la APJ no favorece al gobierno ni a sus acreedores y por tanto no debe atenderse fuera de la quiebra del gobierno central.

Así las cosas, la JCF busca redirigir toda objeción relacionada al plan fiscal para el final, durante el proceso de confirmación del plan de ajuste de deuda, tal como se hizo para confirmar el plan de la Corporación del Fondo del Interes Apremiante (COFINA). En el caso de COFINA, la oposición al plan por parte de un sindicato local, PROSOL-UTIER, que argumentó que el acuerdo dejaría al gobierno sin suficientes recursos para cumplir con el pago de pensiones fue denegado por Swain por no poder demostrar que son acreedores de COFINA.

No obstante, en esa vista, la JCF tambien indicó que todo asunto relacionado al recorte de pensiones debe ser discutido en el contexto de un plan de ajuste para el gobierno central. La confección de ese plan de ajuste, si embargo, no ha sido anticipada por la JCF, que recientemente solicitó invalidar más de $6,000 millones en deuda incurrida entre el 2012 y el 2014.

El plan fiscal certificado el 23 de octubre del año pasado, indica que el Sistema de Pensiones de la Judicatura tiene 371 empleados activos y 487 jubilados y beneficiarios. Sin embargo, aunque los ingresos anuales son de $28 millones, sus obligaciones totales son de $658 millones.

En Puerto Rico los jueces no aportan al seguro social por diseño de la ley que originó el Sistema de Retiro de la Judicatura que obliga a los jueces a aportar y acogerse a ese sistema de pensiones a partir de los 70 años de edad.

Puede ver la objeción de la JCF aquí: