El liderato legislativo del Partido Nuevo Progresista se expresó satisfecho de que el Gobernador Luis Fortuño firmara la ley para reglamentar el uso del cobre y otros metales, la cual tipifica como delito el hurto de ese metal.

'Por fin tenemos una ley que nos dará las garras necesarias para combatir este acto criminal. Tenemos que ponerle un alto a esta actividad delictiva y esta iniciativa nos ayudará a lograrlo', dijo la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones Sandra Torres, quien acompañó a los legisladores.

Torres señaló que 'las garras' en la nueva ley incluyen pago a los vendedores de estos metales a través de cheque y la identificación de los vendedores en un registro.

La Ley 53 tiene dos propósitos principales, según Torres: fiscalizar a través del Departamento Hacienda el componente económico, y evitar que se continúe con una actividad delictiva convirtiéndola en delito (tipo 4) grave. El centro de acopio se convierte, bajo la nueva ley, en el objetivo principal de la acción gubernamental.

De acuerdo con la presidenta de la junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, el robo de metales, particularmente el cobre, es una actividad muy lucrativa, llegando a pagarse entre $4 y $4.75 por libra de cobre reciclado.

Según Torres, en la isla operan más de 22 centros de acopio de metales, muchos de manera clandestina, que pueden generar entre $10 y $40 millones anualmente.

La nueva ley limita el horario de operación de los talleres, solares, tiendas, y a los vehículos que se dedican al negocio de metales, particularmente el reciclaje.

En términos de pérdidas, el hurto de metales tiene un costo de hasta $100 millones al año.