La Policía de Puerto Rico y el FBI diligenciaron hoy la acusación y el arresto de unas 126 personas dedicadas a la distribución de sustancias controladas en el área de Caguas en lo que fue denominado como el Operativo Main Hub.

Los acusados, además, son sospechosos de una ola de crímenes que incluye 28 asesinatos, algunos de ellos de carro a carro, y que en ocasiones han dejado el saldo de víctimas inocentes que nada tienen que ver con el narcotráfico.

En la acusación, emitida el pasado 15 de agosto, se alega que la organización operaba desde seis puntos de droga distribuidos en la Barriada Morales en Caguas, a veces hasta en los alrededores de una escuela que se encuentra cerca de la comunidad.

También se informó que los seis puntos de droga tenían precios específicos y arreglados de tal manera que las ventas de uno no afectaran al otro.

'Estos puntos tenían todos los precios controlados de acuerdo al tipo de droga que vendían para de esa manera mantener el mismo nivel en las ventas y evitar la competencia entre ellos', sostuvo la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez.

La fiscal también detalló que estos narcotraficantes regalaban 'muestras' de sus drogas para que los usuarios pudieran comprobar la calidad de las mismas y las promocionaran.

Asimismo, trascendió que algunos dueños de concesionarios de autos del área prestaban los mismos -a veces entregados para ventas a consignación- para que los narcotraficantes llevaran a cabo ejercicios de intimidación y matanzas por riñas contra miembros de otros puntos.

'Por ejemplo, si usted estaba vendiendo su vehículo e iba a este dealer de carros, se lo entregaba al dealer para que vendiera su carro a cualquier otro individuo. El problema es que sin usted saberlo este dealer de carros le estaba prestando carros a los narcotraficantes de estas gangas para que ellos a su vez pudieran hacer drive by shootings o hacer otras fechorías', indicó, a la vez que añadió que para vigilar los puntos durante el día se utilizaban armas cortas, como pistolas y revólveres, y en la noche, las armas utilizadas eran rifles.

Los gatilleros que perpetraban los asesinatos recibían alrededor de $500 semanales y a veces, en temporada navideña, los narcotraficantes que los contrataban les daban bonos que iban desde $200 hasta $250.

Hasta el momento hay 126 acusados, de los cuales 74 residen en la Barriada Morales, 25 están fuera del país, 14 ya están en custodia y 13 de los que todavía no se tienen las direcciones. El material incautado por las autoridades asciende a $76 millones y todos enfrentan la posibilidad de ser sentenciados a cárcel por términos que van desde los 10 años hasta cadena perpetua.

Los fiscales a cargo del caso son Alberto López Rocafort, Victor O. Acevedo Hernández y Teresa Zapata.

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