Residentes de la calle Upsala ubicada en la urbanización Parque San Ignacio en Rio Piedras, denunciaron un patrón de violaciones por parte de la organización que administra los sistemas de control de acceso y la dejadez del Municipio en atender la controversia.

Todo surgió cuando en el 1995 el Municipio de San Juan aprobó la Resolución 14 que autorizaba un control de acceso en las urbanizaciones San Francisco, Santa María y San Ignacio; y la calle Upsala.

Este control de acceso vehicular y peatonal seria administrado por la Unión de Asociaciones Recreativas de Urbanizaciones San Francisco, Santa María y San Ignacio (UNDARE, Inc.). Esta entidad fue creada ese mismo año tras acuerdos entre las mencionadas urbanizaciones.

En dicho Resolución se establecía que en la calle Upsala debía tener un guardia de seguridad de 8:00 p.m. a 6:00 a.m. cosa que no se está cumpliendo.

También se precisaba que UNDARE debía entregar 2,000 marbetes a la Parroquia San Ignacio, la Academia San Ignacio y el Colegio San Ignacio para facilitar la entrada a feligreses, profesores, empleados transportistas, religiosos, padres de estudiantes y visitantes de la institución. Esto tampoco se ha cumplido.

Además, se supone que UNDARE entregara ‘beepers’ o tarjetas de entrada a cada uno de los residentes, religiosos de la Comunidad Jesuita de San Ignacio, y que los residentes que no estuvieron de acuerdo con el control de acceso ni pagaban cuota, gozaran de los mismos derechos de los demás residentes.

Pese a esto, una de las residentes, Diana Castillo, quien se mudó a la urbanización en el 2004, denunció que no fue hasta que le dirigió una carta a UNDARE -el pasado 13 de marzo- donde se copiaba a la Secretaria de la Legislatura Municipal de San Juan y a la Oficina de Control de Acceso que le entregaron los mencionados’beepers’.

Aunque varios residentes habrían pagado una derrama de $610 para la construcción de la caseta de control de acceso y los portones, para el 2000 la de la calle Upsala fue clausurada.

Según estipuló la vicepresidenta de UNDARE, Marilyn Rivera Olivieri, en su ponencia del pasado 5 de marzo ante la Legislatura Municipal de San Juan, la razón para clausurarla era ‘porque no representaba seguridad alguna al ser sólo unas vallas. Al convertirse en adefesios públicos llenos de grafitis, usados por personas para fines no deseables y convertirse en un peligro para la comisión de actos delictivos, se derrumbó en 2004 a solicitud de algunos vecinos de la misma’.

De hecho en una carta del pasado 11 de mayo de 2000, UNDARE solicitó al entonces director interino de la Oficina de Control de Acceso del Municipio de San Juan, Héctor Gómez Carrasquillo, que se eliminara dicho control de acceso y se ampliara el horario de vigilancia en la calle Orquidea, entre otros asuntos.

Sin embargo, vecinos plantean que UNDARE no les consultó sobre dichos cambios, como se alega en la ponencia, ni solicitó enmiendas a la Resolución 14, al Municipio.

En una carta posterior del 16 de agosto del 2000 cursada a Gómez Carrasquillo, UNDARE agregó que la organización enfrentaba serios problemas económicos que los tenían al borde de la quiebra y por esto optaban por eliminar dicho control de acceso.

Para mayo 2009, Castillo junto a la residente Dafne Álvarez, le enviaron una carta al licenciado Jerry L. Mass Negrón, del Municipio de San Juan, denunciando la demolición de los controles de acceso y exigiendo se ordenará a UNDARE a cumplir con lo establecido en la Resolución.

Durante octubre 2011, Castillo le cursó otra carta a Mass Negrón, señalando que la querella de 2009 aún no había sido resuelta.

Ese mismo mes, el residente Augusto Elías Bonet reclamó que se atendieran las querellas. Éste tuvo un pleito legal contra UNDARE, que no prosperó en el Tribunal Supremo, luego de que construyeran un control de acceso cercano a su residencia en la calle Orquidea. Se ha cuestionado desde la localización de la caseta hasta el horario en que esta un guardia de seguridad.

No fue hasta el pasado julio de 2013 que la Legislatura Municipal aprobó la Resolución 13, para ordenar una investigación de las alegaciones. Durante este mes se han realizado varias vistas públicas.

Hasta el momento ni el Municipio de San Juan ni UNDARE habrían respondido a la petición de reacción.