La organización religiosa Testigos de Jehová acudió el viernes al Tribunal Federal para extender a todo los municipios de Puerto Rico la victoria legal que obtuvieron el año pasado contra 13 municipios, a los que el tribunal ordenó proveer a los miembros de la organización acceso a las urbanizaciones cerradas para que realicen su ministerio de predicación casa en casa.

El nuevo recurso radicado el viernes incluye un interdicto y una solicitud de resolución expedita ya que la organización tiene una campaña de prédica internacional atada a la orbservación de la muerte de Cristo este próximo 23 de marzo, por lo que piden que se fije una vista para considerar la solicitud en o antes del 27 de febrero.

La organización, con 25,000 miembros en Puerto Rico, sostiene que los nuevos municipios demandados se han rehusado a cumplir voluntariamente con la determinación en el caso anterior, que comenzó en 2004 y que pretendía abarcar a los 78 municipios aunque era 'impráctico' incluirlos a todos en el primer pleito.

En esta nueva ronda de reclamación están nombrados los municipios de Aguada, Aguas Buenas, Añasco, Arecibo, Barceloneta, Cabo Rojo, Camuy, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Cidra, Coamo, Corozal, Fajardo, Florida, Guánica, Guayama, Hatillo, Hormigueros, Humacao, Isabela, Juana Díaz, Loíza, Luquillo, Manatí, Mayaguez, Naguabo, Patillas, Río Grande, Salinas, San Germán, San Lorenzo, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Villalba y Yauco.

La demanda de los Testigos de Jehová contra los municipios de Bayamón, Caguas, Dorado, Gurabo, Guaynabo, Trujillo Alto, Santa Isabel, San Juan, Vega Baja, Ponce y Yauco reclamando acceso a las comunidades cerradas se remonta al año 2004. Los miembros de la religión alegaron que la Ley de Control de Acceso infringía en su libertad de expresión, y aunque el Tribunal federal de Distrito al igual que el Apelativo en Boston validó el reclamo para que tuvieran acceso no hizo extensivo el remedio a toda la Isla.

El 21 de marzo de 2013 el juez federal Gustavo Gelpí emitió una orden permitiendo la entrada de miembros de esa religión a todas las urbanizaciones con control de acceso para poder llevar su mensaje evangelizador dado que las calles son públicas. A su vez, el Tribunal de Boston sostuvo que el remedio provisto por el Tribunal de Distrito de permitir que la organización religiosa tenga acceso a controles y llaves es más que adecuada.

El acceso que los Testigos de Jehová obtuvieron es igual al de un residente de las comunidades cerradas, por lo que obtienen códigos de acceso y beepers.

Los reclamos incluyen que la policía en cada municipio garantice el acceso a las comunidades en cualquier momento, que se le permita entrar los vehículos y que las comunidades no puedan prohibir el toque de puertas o de timbres. También, incluye un reconocimiento de los municipios y las comunidades de que los miembros de la organización estarán entrando a propiedad privada para realizar su actividad.