El nuevo informe de interceptación de comunicaciones que emite anualmente la Oficina Administrativa de los tribunales federales refleja que, para 2016, las autoridades federales en la Isla obtuvieron autorización para ejecutar 14 interceptaciones, pero sólo una de ellas estaba relacionada con narcotráfico.

El número de interceptaciones en 2016 fue igual al autorizado en 2015 y 2014; pero, en el 2015 ese número representaba más interceptaciones que todas las aprobadas entre 2010 y 2014.

El informe anual es puramente estadístico y no contiene datos de las investigaciones excepto la naturaleza de las mismas, que los propios fiscales informan.

En el caso de Puerto Rico en 2016, las 14 interceptaciones fueron dirigidas a aparatos móviles. La naturaleza de las mismas fue una para narcotráfico, cinco para crimen organizado ('racketeering') y ocho para 'otros'. Cuando se compara con la tendencia de todas las jurisdicciones federales, el patrón es muy distinto. En Puerto Rico, las interceptaciones son 7% para narcóticos, 35.7% para crimen organizado y 57% para 'otros', mientras que en otras jurisdicciones es 60.6% para narcóticos, 3% para crimen organizado y 23% para 'otros'.

La naturaleza de las interceptaciones en 2016 cambió también con relación a 2015, año en que fueron cinco por narcóticos, cinco por crimen organizado, y cuatro por 'otros'.

En el informe de 2016 se atribuyen cuatro arrestos a las actividades de interceptación y vigilancia realizadas, pero el documento no divulga cuáles fueron los casos. El costo promedio de cada orden de vigilancia fue $25,676.

La estadística no incluye aquellas interceptaciones realizadas al amparo de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de 1978, por lo que no abarca solicitudes de interceptación de investigaciones que traten el terrorismo extranjero.

Las interceptaciones surrepticias no están autorizadas por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico pero sí en la jurisdicción federal.

Para ver el informe de 2016, pulse aquí.

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