ABRE Puerto Rico declinó apoyar el Proyecto de la Cámara 1095, proyecto de administración que tiene el fin de establecer una política pública de acceso a la información pública.

'Reconocemos algunos conceptos de la misma, como, por ejemplo, el establecer términos a las agencias y la creación de los oficiales de información. Sin embargo, tenemos diferencias medulares con la medida. Consideramos que esas diferencias son suficientemente significativas como para no endosar la medida en este momento', declaró la institución en un comunicado de prensa.

ABRE dijo que está en desacuerdo con la presunción de que el tribunal es la manera más accesible al ciudadano para atender conflictos con agencias de gobierno, independientemente que le eliminen los requisitos de sellos o de tener abogado durante el proceso.

'No creemos que se le debe obligar a un ciudadano presentarse a un tribunal cuando una agencia no quiere entregarle un documento público', afirmó ABRE, una herramienta digital para fomentar la transparencia gubernamental.

Según ABRE, el proyecto no presenta una definición de información pública, sino que deja la interpretación a los tribunales y a la jurisprudencia.

'La definición de información pública la debe establecer la Legislatura, para que el ciudadano, el juez, y la agencia estén en la misma página. Si en algún momento se entiende que el alcance de la definición debe cambiar, preferimos que ese proceso se de en la legislatura y no en una corte', indicó.

ABRE propuso que exista un proceso administrativo centralizado para atender todas las controversias, a través de una agencia de gobierno existente y sugirió que sea el Instituto de Estadísticas, el FEI, el Ombudsman, o la Oficina del Contralor como agencias en Puerto Rico que pudieran asumir ese rol efectivamente.

'Según nuestra experiencia de los pasados cinco años solicitando información a agencias de gobierno, creemos que las solicitudes deben hacerse usando un portal electrónico centralizado. En ABRE proponemos un Portal Único de Solicitudes. No creemos que cada agencia deba tener su propia bitácora o proceso para rastrear solicitudes, ya que, de ser así, se hace practicante imposible velar por el cumplimiento de la ley o rendir cuentas', propuso también el organismo.