El presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo (PRHTA, por sus siglas en ingles), Pablo Torres, alegó el viernes tener información de fuentes legislativas que apuntan a que la Cámara de Representantes aprobará este próximo lunes 15 de octubre la medida para legalizar las tragamonedas sin celebrar vistas públicas.

'Tal parece que alguien o algunos en la Cámara de Representantes y el Senado no quieren que se abra a vistas públicas la discusión sobre el lavado de dinero y el daño social que provocarían la legalización de estas tragamonedas clandestinas', sostuvo Torres en declaraciones escritas.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Antonio 'Tony' Soto confirmó que la propuesta de fiscalización y regulación de la video lotería será incluida en la Reforma Contributiva, cuyos fondos serán destinados para sustituir los ingresos que los municipios dejarán de recibir como consecuencia de la eliminación del impuesto al inventario. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz le cerró la puerta a la aprobación de la propuesta si está dirigida a que grandes compañías se encarguen de la instalación y operación de todo el sistema en la isla.

Mira: Chocan otra vez el Gobernador y TRS por la video lotería

'Evitar una discusión amplia y en vistas públicas sobre las leyes de lavado de dinero y crímenes financieros en operaciones de juegos de azar, llevarían a la legislatura a actuar sobre la medida sin conocer las consecuencias para el país', dijo el ejecutivo de la PRHTA.

Por su parte, el pasado presidente de la Asociación, Miguel Vega, precisó que 'nadie ha podido ver el proyecto de legalizar las tragamonedas. Ni la industria turística, ni la prensa, ni los propios representantes de la mayoría parlamentaria. ¿Cómo se puede evaluar una medida sin que nadie pueda ver los detalles?'.

Recientemente la PRHTA le cursó una carta al Procurador General de los Estados Unidos, Jeff Sessions, denunciando que la propuesta de legalizar las tragamonedas no cumple con las exigencias federales para combatir el lavado de dinero y otros crímenes financieros.