La ACLU denunció hoy, lunes, que una pieza legislativa firmada por el gobernador para enmendar la Ley de Tránsito a fines de que los conductores se tengan que hacer un examen de sangre para detectar el nivel de alcohol en el cuerpo adicional a la prueba de aliento es inconstitucional según dispone el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

Según expone ACLU en un comunicado, la medida 'violaría el derecho de toda persona a estar libre de registros y allanamientos irrazonables, el derecho a la privacidad y autonomía, el debido proceso de ley que cobija a todos los acusados; y, posiblemente plantee una violación a la doctrina de separación de poderes. En este último, la legislatura con el aval del ejecutivo usurpa la función judicial de examinar toda petición para órdenes de registro y allanamientos, las cuales tienen que basarse en causa probable; esto fue resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el 2013, por voz de la Jueza Sonia Sotomayor, en Missouri v. McNeely'.

La organización justificó sus declaraciones en decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y reiteraron que 'tomar sangre del cuerpo de una persona es altamente intrusivo y violatorio al derecho a la privacidad, por lo que se requiere una Orden Judicial basada en causa probable'.

'No puede existir causa probable si el chofer no arrojó un porciento de alcohol en la sangre que exceda los límites impuestos por la Ley de Tránsito; en dicho caso lo que procede es permitir que el chofer siga su camino. De existir alguna otra evidencia independiente que sirva de causa probable, el oficial está obligado a conseguir una Orden Judicial para la toma obligatoria de una prueba de sangre', leen las declaraciones escritas.