Pide que se respete «la determinación de todos».

La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz levantó bandera el viernes sobre la Orden Administrativa del secretario de Salud para exigir la vacuna del covid-19 para el regreso a clases.

En declaraciones escritas, la legisladora apuntó que la directriz pudiera estar «incumpliendo» con la Constitución.

“Todo el mundo tiene derecho a decidir si se vacuna o no, pero esto debe hacerse de forma informada y voluntaria. Si lo anterior no se da, estamos incumpliendo la Ley y nuestra Constitución”, dijo Burgos Muñiz en declaraciones escritas.

“La acción por parte del gobierno y otros sectores de obligar a la población a ser vacunados de forma compulsoria contra el COVID-19, contraviene el carácter voluntario de la vacunación según dispuesto por la propia Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, los derechos constitucionales garantizados en nuestro Estado de Derecho y la jurisprudencia federal y local”, añadió.

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Sus declaraciones ocurren luego de ayer, el Departamento de Salud comunicara que para regresar a las escuelas y universidades, todo niño mayor de 12 años deberá estar vacunado. A los maestros y profesores también se les requerirá la vacuna.

Según la representante, en Europa, Estados Unidos y otros países se llevan estadísticas sobre las reacciones adversas y fallecimientos a estas vacunas. En Estados Unidos el sistema se denomina como el “Vaccine Adverse Reporting System”, en el cual se han reportado miles de casos de reacciones adversas y fallecimientos.

“Así que, es razonable que muchas personas tengan dudas sobre la seguridad y efectividad de unas vacunas que no cuentan con la aprobación final de la FDA, pues solo cuentan con Autorizaciones de Uso de Emergencia. Es por eso que hay que respetar la determinación de todos, tanto de los que acceden libre y de forma voluntaria a vacunarse, como los que no”, sostuvo.

“Es evidente que en esta etapa en que se encuentran las tres vacunas nadie puede prestar un consentimiento libre y voluntario a la vacunación. Por lo tanto, el obligar a la población a recibir la vacuna contra el COVID-19 mediante intimidación, coacción y amenaza es un atentado contra la dignidad del ser humano”, concluyó.