Medida legislativa aplica a personas que hayan tenido delitos menos graves. Personas con delitos de asesinatos o agresiones sexuales, quedan excluidas.

El Senado le dio paso a una medida que le brinda a los municipios, bajo su discreción, contratar a una persona con antecedentes penales con delitos menos graves, exceptuando los delitos establecidos en la Ley 1-2012, como lo son por asesinatos y/o agresiones sexuales y así reintegrarlos en el mundo laboral.

El Proyecto del Senado 1273, de la senadora popular Migdalia González, enmienda el Código Municipal al amparo del derecho de la rehabilitación protegido en la Constitución de Puerto Rico. La medida en ningún lugar establece una prohibición a que el contratado tenga acceso a fondos públicos o tenga la facultad de supervisar personal.

Tampoco establece una ventana de tiempo en que el convicto no podría trabajar con el municipio contratante desde el momento del delito cometido, la convicción o cuando haya extinguido la pena.

Para lograr la contratación del solicitante, dispone la medida, el municipio tendrá que presentar una Certificación de Cumplimiento de Sentencia expedida por el Departamento de Corrección y Rehabilitación o, en los casos que no hayan conllevado cárcel, por el Tribunal de Primera Instancia que emitió la sentencia.

El senador independiente José “Chaco” Vargas Vidot fue el primero en tomar un turno a la media.

“Esta medida está del lado correcto de la historia. Es una medida que obviamente responde a la visión restaurativa de la ley. Creo que, de alguna manera, Puerto Rico tiene que salir de la manía punitiva y de los castigos eternos que no llegan a ningún sitio y que no sirven de disuasivo frente a la idea de que mantener a una persona dentro de una condena social permanente como se trata cuando se habla de antecedentes penales", destacó el senador.

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“El caso es que la reincidencia al estar dentro de una prisión y repetirse una y otra vez, cada vez que eso pasa, las posibilidades de que haya un sistema, que no lo hay, de Corrección y Rehabilitación, pierde la probabilidad de que esa persona no llegue a tener algún tipo de reinserción social productiva”, continuó Vargas Vidot.

Mientras, el senador Ramón Ruiz Nieves también endosó la medida destacando que es una alternativa para que el exconvicto se sienta productivo ante la sociedad.

“Le va a permitir ser más productivo, lo vamos a sacar del asunto de estar dependiendo del Departamento de la Familia por asistencia económica y podrá brindar un servicio a la comunidad a través de los municipios. Yo creo que este proyecto tiene un fin loable que es permitir esa parte importante, la rehabilitación”, sostuvo Ruiz Nieves.

La autora de la medida, González Arroyo también tomó un turno en la medida.

“Yo tengo que resaltar la preocupación que traje ante mi consideración el alcalde de Hormigueros, Pedro García para que esta medida pudiera escribirse y ser aprobada. Ciertamente, es importante reconocer que, aunque el Gobierno ha establecido algunas iniciativas, como se ha mencionado previamente, no han sido suficientes”, indicó.

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El P de la S 1273, había sido referida a la Comisión de Asuntos Municipales y Vivienda que preside González Arroyo, donde recibió un informe positivo el pasado 9 de enero 2024.

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De los 78 municipios, el informe destaca que solo se le solicitó una expresión del gobierno municipal de Hormigueros, que endosó la medida.

También favorecieron la medida la Federación de Municipios y la Asociación de Pro-Derechos del Confinado. Al Departamento de Corrección y Rehabilitación se le pidió un memorial, pero no se expresó al rendirse el informe. El informe positivo no incluyó consideraciones del Departamento de la Justicia, ni de la Oficina de Ética Gubernamental, ni de la Oficina del Contralor.

La votación cerró con 17 votos a favor y siete en contra.

La senadora novoprogresista Nitza Morán se abstuvo de votar en la medida.

El P de la S 1273 pasará ahora a la consideración de la Cámara de Representantes.

El Senado recesó sus trabajos hasta el próximo jueves.

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