Integrantes del sector privado reaccionaron en desacuerdo a una medida que fijaría un tope al impuesto al inventario que los comercios pagan actualmente y que, el exceso estaría libre de tributación y solicitaron a la Legislatura que reconsideren la misma.

Indicaron que la propuesta sería sometida a solo días para que la sesión legislativa concluya, por el representante Antonio Soto y el presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Javier Carrasquillo.

'A estas alturas no hemos tenido acceso al borrador, y por lo que trasciende en prensa no se atiende en lo absoluto el reclamo del sector privado y los ciudadanos puertorriqueños de que se elimine el impuesto al inventario. Llevamos cerca de dos años en discusiones y análisis, y no nos parece prudente que quieran descargar un proyecto que no atiende la situación concretamente', acotó en una comunicación escrita, Iván Báez, presidente de la Asociación de Comercio al Detal.

Por su parte, Liliana Cubano, presidenta de Hecho en Puerto Rico, alertó de las serias consecuencias que aprobar un proyecto como este tendría a largo plazo, 'no se está hablando de ni tan siquiera eliminar el impuesto al inventario, sino fijarlo por cinco años como periodo para encontrar una sustitución que hasta ahora no han tenido la voluntad de producir. Nuestro llamado es a que no lo radiquen y no lo aprueben'.

Entretanto, Julio Ortiz, presidente de Distribuidores de Autos en Puerto Rico (PRADA en inglés) dijo que sobre este asunto, ha habido un consenso entre todos los expertos, economistas y ciudadanos en general de que no aprender de las experiencias y emergencias pasadas es aumentar los riesgos de una crisis de seguridad nacional en el país.

'El asunto de la eliminación del impuesto a los inventarios es crítico para estar preparados para otra emergencia, ya que no solo impacta alimentos y agua, sino todos los suministros y durante todo el año', sostuvo.

Señalaron que como cuestión de hecho, la isla tiene una necesidad de mantener abastos y suministros suficientes para atender la necesidad de artículos de primera necesidad en toda la isla, pues según las estadísticas oficiales, la isla tiene inventario para menos de 20 días.

Además, según los estudios de la compañía Professional Market Research el por ciento de faltantes de productos en góndolas ('out of stock') del 2018 cerró en niveles alarmantes, por sobre el 20 por ciento, y el 2019 está promediando un 15.7 por ciento lo cual es casi el doble del 8 por ciento que operan otros mercados, por lo que continuarán trabajando para que se concrete la eliminación del impuesto sobre los inventarios, reconociendo que la naturaleza geográfica de la Isla exige un marco contributivo que no castigue la preparación y acumulación de abastos para enfrentar cualquier desastre natural o emergencia catastrófica.

'Resulta inaudito que dos años luego de los huracanes no se haya eliminado este impuesto y estemos hablando de cinco años más de espera. Esta imposición ha trascendido de ser un mal impuesto a ser un obstáculo para la seguridad del pueblo y para la recuperación económica de país. Ciertamente la presión ejercida por los alcaldes a la legislatura ha podido más que el deber hacía el pueblo de Puerto Rico, por lo que solicitamos reconsideren esta medida y no la lleven a aprobación', señaló el CPA Kenneth Rivera, pasado presidente de la CCPR y del Colegio de CPA's.

Los empresarios reiteraron su llamado al gobierno a que atienda este asunto seria y responsablemente, y no con proyectos transitorios que no atienden de raíz la situación.