A viva voz, el Senado de Puerto Rico concurrió con las enmiendas de la Cámara de Representantes en el proyecto que sienta las bases para reestructurar la deuda de la Corporación del Fondo del Interes Apremiante (COFINA), según acordado con los bonistas.

La medida permite, entre otras cosas, que una porción de los recaudos del Impuesto Sobre Ventas y Uso (IVU) sea abonado al mencionado debito por las próximas cuatro decadas.

'Lo cierto es que Puerto Rico tiene una deuda y lo que debería ocurrir o lo que sería correcto es que Puerto Rico pagara lo que debe, que los contratos que se otorgaron por razón de las emisiones de bonos, se honraran', exclamó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz antes de proceder a la votación.

La medida fue presentada a la Asamblea Legislativa por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, a mediados de octubre. Sin embargo, fue la Junta de Control Fiscal (JCF) quien dio el primer paso al que radicar un Plan de Ajuste para COFINA ante el tribunal que atiende la quiebra de Puerto Rico.

De acuerdo a Rosselló Nevares, la acción permitiría la reestructuración de la deuda de COFINA mediante el Título III de la Ley PROMESA y reduciría su monto en un 32%.

Según una comunicación del Primer Ejecutivo, este acto redundaría en ahorros para el Gobierno de $17,500 millones en pagos de servicio de la deuda. No obstante, la medida ha sido objetada por múltiples sectores por entender que se esclavizarían los fondos de otras áreas al pago de la deuda de COFINA.

Ayer, en horas de la noche, la Cámara de Representantes aprobó la medida sin debate.

Durante la breve discusión ante el pleno, se hizo constar la oposición del senador independiente, Jose Vargas Vidot, quien denunció que sus compañeros estaban 'legislando a lo loco' porque no se detallaron las enmiendas realizadas por la Cámara de Representantes unas horas antes ni se discutieron en vistas públicas.

'Esto es un proyecto que garantiza que en poco tiempo vamos a nuevamente a revivir el monstruo de la crisis fiscal. Encima de eso, provee el camino necesario para que nuevamente nos endeudemos en deudas ilegales, inconstitucionales, porque así lo visualiza esto', afirmó Vargas Vidot.

Como parte de la medida, se crea un gravamen estatutario en beneficio de los tenedores de bonos de COFINA y establece ciertos acuerdos a nombre del Gobierno de Puerto Rico para beneficio de esos tenedores.

Del mismo modo, permite la venta de ciertos bonos de COFINA ostentados por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, con la aprobación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.

En esa línea, el senador Juan Dalmau Ramírez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), cuestionó el interes de ratificar un acuerdo elaborado por la JCF, entidad que ha promulgado recortes a los sectores más vulnerables y que ha sido catalogada como antidemocrática y abusiva.

Mientras, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) señaló que la medida priorizaba las exigencias de un sector particular, o sea, los bonistas, sobre las necesidades de otro, que en este caso serían los residentes de la Isla.

'Este acuerdo pudiera en papeles representar ahorros para el pueblo de Puerto Rico, pero a la larga, al ser utilizado como modelo de negociación de todos los sistemas de deuda pendiente, pudiera muy bien alargar la agonía, proveer un tiempo de respiro, pero obligar a las futuras generaciones la misma agonía en que estamos ahora mismo', enfatizó el senador Cirilo Tirado Rivera.

La medida aprobada tambien autoriza a COFINA a emitir bonos como parte de la reestructuración y establece los terminos, los poderes y las facultades de la entidad, y la composición y las tareas de su Junta de Directores.

Mira la medida:

Pero el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda lamentó que se haya aprobado sin ninguna discusión pública.

'Hoy vivimos otro capítulo triste en la historia política y económica de Puerto Rico. Se aprueba una medida que definirá el rumbo de la salud fiscal de nuestro gobierno y el uso de gran parte de nuestros fondos públicos por las próximas 4 decadas, sin ningún tipo de análisis público ni debate. La Asamblea Legislativa, nuevamente claudica a su responsabilidad de fiscalizar, y sirve de sello de goma de la Rama Ejecutiva, como cuando decidió no dar paso a una auditoría de la deuda. Hoy le carga las maletas a la Junta de Control Fiscal sin ni siquiera dar vistas públicas, pese a las advertencias de expertos y de la ciudadania, de que el acuerdo de la Junta con las acreedores de COFINA nos llevaría a un nuevo impago. El Frente seguirá firme en exigir otra forma de hacer gobierno y en fiscalizar desde la ciudadanía todo lo relativo a la deuda pública', dijo el Frente en declaraciones escritas.