El designado a la Oficina del Contralor solicitó ayer que retiraran su nombramiento.

Casi un año después, y aunque por razones distintas, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, volvió a protagonizar una controversia con la Legislatura de Puerto Rico por un nombramiento.

En diciembre del pasado año el ojo público estaba puesto en la designación de José Sánchez Acosta como secretario de Asuntos Públicos, quien pese a no necesitar ser confirmado por la Rama Legislativa, recibió por parte de esta fuertes cuestionamientos. Ahora, el turno fue de Osvaldo Soto García. En ambos casos, la Legislatura se impuso.

Sánchez Acosta y Soto García podrían no tener mucho en común, pero a ambos los une el hecho de que sus respectivas nominaciones, como secretario de Asuntos Públicos y Contralor de Puerto Rico, respectivamente, fueron no solo cuestionadas por la opinión pública, sino también determinadas por la Legislatura.

El 8 de diciembre de 2019 la Gobernadora de Puerto Rico le comunicó al país que Sánchez Acosta sería su secretario de Asuntos Públicos. Horas más tarde, este diario digital publicó que el entonces designado pidió que eliminaran bono de navidad a empleados públicos, una medida «en contra» de la política pública de la actual Administración del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Desde entonces la Legislatura enfiló sus cañones y varios de sus líderes comunicaron su rechazo a que Sánchez Acosta permaneciera en el Palacio de Santa Catalina. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, fue una de las voces más vocales al respecto y con uno de sus acostumbrados «Buenas noches Puerto Rico», expuso que aunque el nombramiento era «una prerrogativa de la Gobernadora», había serios cuestionamientos sobre el designado.

«¿Un enemigo y detractor del PNP en Fortaleza? No es una buena idea. ¿Uno que no quería un Gobernador PNP en el 2016 en Fortaleza ahora como Secretario de Asuntos Públicos en un Gobierno de la Palma? ¿Uno que no votó PNP en el 2016 trabajando para el Gobierno PNP en el cual no creía?», cuestionó al respecto.

Dos días después de ese mensaje, Vázquez Garced retiró el nombramiento de Sánchez Acosta en una movida que la entonces legisladora novoprogresista y ahora acusada federal, María Milagros «Tata» Charbonier Laureano definió como una «sabia decisión».

Ahora, específicamente 11 meses después de ese suceso, la Primera Mandataria anunció que Soto García era su designado para ocupar la silla del contralor de Puerto Rico, un nombramiento cuyo término es de 10 años. De inmediato voces de la Legislatura de Puerto Rico volvieron a aparecer.

Esta vez, la principal voz de ofensiva no fue Rivera Schatz y su Senado, sino Carlos «Johnny» Méndez y la Cámara de Representantes. El presidente del Senado, por su parte, se limitó a exponer que «nadie» le diría al Senado cómo pasar juicio sobre el nominado -cuyo nombramiento sí requiere aval de las cámaras legislativas- y que no actuaría sobre el mismo hasta tanto su cuerpo homólogo lo hiciera.

No obstante, pese a los comentarios en contra que no se hicieron esperar en las redes sociales -de los que participó hasta la exsecretaria de Hacienda, Teresita Fuentes- y que estaban principalmente basados en que el funcionario no es Contador Público Autorizado (CPA), Soto García se presentó el lunes en la Cámara de Representantes para una vista que buscaba evaluar su nombramiento.

Durante la vista, Soto García dijo tener “los más altos valores éticos”, pero aceptó que nunca había liderado una auditoría, misión principal de la Oficina del Contralor. El intercambio -que se extendió por horas- llevó a que el presidente de la Cámara confirmara a la prensa que este no tenía los votos para ser confirmado.

«Ser relacionista público de una oficina de Recreación y Deportes, ser comentarista en dos emisoras, ehhh… La Oficina del Contralor es un puesto a 10 años, tiene una responsabilidad bien grande con el pueblo de Puerto Rico», mencionó Méndez luego de aludir a que no contaba con los votos necesarios.

Tres días después del intercambio, Soto García anunció en un comunicado de prensa que pedía a la Gobernadora el retiro de su nombramiento «ante las expresiones públicas de los miembros de la comisión, que no avalarán mi designación».