El Senado aprobó la medida con 16 votos a favor en los trabajos del martes.

La Cámara de Representantes y el Senado coincidieron en que se debe eliminar la secretividad en los procesos relacionados con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), por lo que dieron paso al Proyecto de la Cámara 6 en los trabajos del martes.

El proyecto cameral, que busca crear la “Ley para la Transparencia Fiscal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, tuvo una votación final en el Senado de 16 votos a favor y 10 en contra.

La pieza, de la autoría de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, reconoce en su exposición de motivos la problemático al acceso de información, lo cual incide en un derecho humano y constitucional.

Por tanto, la medida establece que copia de todo documento y/o informe que remita el Gobernador o Gobernadora de Puerto Rico a la JSF al amparo de la Ley PROMESA y los documentos e informes por virtud de las resoluciones conjuntas aprobadas para tales fines serán remitidos a las Secretarías de la Cámara de Representantes y del Senado de Puerto Rico.

De igual manera, el Ejecutivo deberá publicar con prontitud, a través de la página “web” de la Fortaleza, de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y de instrumentalidad gubernamental información de todo presupuesto propuesto y presupuesto propuesto revisado que someta a la JSF.

«Mediante esta Ley buscamos fomentar que los ciudadanos y ciudadanas tomen un rol activo en el quehacer gubernamental al tiempo que creamos confianza en la población puertorriqueña de que el Gobierno de Puerto Rico realmente responde a sus intereses y fomentamos una fiscalización y participación política responsable», lee la exposición de motivos del P de la C 6.

Con la aprobación de la Cámara en noviembre del 2021 con 28 votos a favor, y la reciente aprobación del Senado, ahora la medida pasa a la consideración del gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia.

Vea: Apelativo federal refrenda el poder de la Junta para revisar y detener la implantación de leyes