Cámara aprobará legislación de destranque para Plan de Ajuste, mientras Junta hace acrobacia en el tribunal
El Presidente de la Cámara adelantó que radicará una pieza legislativa este lunes que atiende varios asuntos relacionados al Plan de Ajuste de Deuda porque “lo importante es arrancar”.
La Cámara de Representantes aprobará legislación la semana que viene para destrancar varias controversias sobre el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), incluyendo pensiones y bonos, aseguró su presidente, Rafael Hernández Montañez, al detallar su plan que dijo cuenta con el aval del Senado, aunque no del Gobernador.
Desde la capital federal, donde mantiene un itinerario de reuniones oficiales, Hernández Montañez explicó el contenido e itinerario de la legislación enfatizando en que “lo importante es que (la discusión) arranque y va a arrancar”, así como que el elemento crucial de su propuesta es que es una pieza legislativa de “todo o nada”. Esto, en contraste con lo que dijo es la preferencia del Primer Ejecutivo de que los asuntos se traten por separado en distintas piezas legislativas.
A la vez que esto ocurre, la JSF mantiene sorprendidos e indignados a los participantes del caso de quiebras con una moción que sometieron el martes pasado con la que pretenden que la jueza de quiebras, Laura Taylor Swain, se autolimite al evaluar el PAD. El ente argumentó que ellos tienen autoridad final y exclusiva sobre el Plan Fiscal y que la jueza no puede ser la que decida si el PAD se ajusta al Plan Fiscal, deben ser ellos mismos mediante certificación. Añaden que emitirían esa certificación todas las veces que sea necesario, si el Plan cambia, aún después de que el PAD esté aprobado. Esta postura convertiría en superflua cualquier evidencia que sometan las partes a la jueza sobre que el PAD no cumple con el Plan Fiscal, que es uno de los criterios para su aprobación.
Hernández Montañez confirmó su intención primero el jueves a Bloomberg, pero en entrevista a fondo con NotiCel detalló que la estrategia ya está discutida con el caucus de la mayoría en la Cámara y con el Senado. El Gobernador conoce algunos elementos y la Junta también conoce las propuestas que el presidente cameral les ha sometido poco a poco por carta pero todavía no tienen ante sí el borrador de la legislación.
“El problema es que nadie tiene los pantalones para arrancar… lo importante es que arranque y va a arrancar el 27”, dijo en referencia a que la medida debe estar sometida el lunes, el martes pasa por primera lectura, el miércoles hay una vista y el jueves va por la mañana a una sesión de enmiendas y por la tarde al pleno para votación. De cumplirse todo el cronograma, y del Senado recibirla el mismo jueves, ese cuerpo tiene cuatro días para evaluar y aprobar, y el Gobernador tendría que firmarla el 4 de octubre para así cumplir con la exigencia de calendario de que la Junta necesitaría tener a la mano legislación que viabilice la emisión de nuevos bonos para el 4 de octubre.
En cuanto al contenido, además de habilitar la emisión de deuda nueva, que es lo que la Junta quiere y necesita después de que se derogara una ley de 1942 que le hubiera permitido obviar a la Legislatura para la emisión de bonos, la medida incluiría disposiciones sobre retiro, municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Por eso, razonó el presidente cameral, es que es “muy riesgoso” el plan de La Fortaleza de someter legislación que solo atienda los bonos y las demás cosas aparte. “La única manera en que esto se aprueba es todo junto… el Gobernador no está en ese canal (pero) el Senado está en la misma página”, apuntó.
Los bonos serían como los pide la Junta, pero la legislación contiene dos instrumentos que tendrían el resultado de que ningún pensionado tenga recorte. Esto, a la misma vez que corre el periodo de votación para que los pensionados acepten o rechacen el acuerdo actual de 8.5% de recorte a las pensiones por encima de $1,501 mensuales.
Según Hernández Montañez, por un lado se aumentaría de $1,500 a $2,000 el límite de pensión mensual que va a estar exenta de recorte, algo que el senador Juan Zaragoza lanzó la semana pasada y que dos miembros de la Junta le dijeron a NotiCel que no es un acuerdo final, pero que estaban abiertos a considerarlo. En cuanto a las pensiones de $2,001 mensuales o más, en el Plan permanecería un recorte de 8.5%, pero la legislación va a proveer para que el monto de ese recorte quede como una asignación garantizada que sea “parte del acuerdo con los acreedores”, por lo que, al final del día, el Gobierno tendría garantizados los recursos para compensarle los recortes a esos pensionados y que queden inalterados sus pagos. Esto evitaría, abundó, que la restitución de los recortes se convierta en un tema de discusión anual con la Junta, como está ahora en el Plan, que los recortes se pueden restablecer solo en los años en que se logre un nivel de superávit particular.
De suceder como expone el presidente cameral, la legislación cumpliría con la única objeción que Pierluisi presentó al PAD, ya que el gobernador sostiene que no debe haber ningún recorte de pensiones.
En cuanto a los municipios, la propuesta será que, del 1.03% que el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) pasa actualmente al Fondo General para el pago de deuda, en vez de pasar completamente, como está ahora, pase solo en la misma proporción en que resulte ser el pago final de la deuda con relación a la deuda que había originalmente cuando se declaró la quiebra. Es decir, que si la deuda total de Puerto Rico se pudo ajustar para rebajarle el 75%, entonces de la misma manera esa transferencia se ajuste para que el 75% se quede en el CRIM para el beneficio de los municipios y solo pase al Fondo General el 25% que corresponde al pago de la deuda nueva ajustada. La base de este cálculo es unos $110 a $120 millones, que es lo que representa hoy ese 1.03%.
La alternativa de la UPR es resultado de un ejercicio de “escoger las batallas”, según Hernández Montañez, porque la propuesta no va a alterar los recortes al presupuesto del sistema universitario sino a institucionalizar el fondo dotal de $150 millones y añadirle $100 millones para que se use en becas estudiantiles que alivien los aumentos en la matrícula que dispone el Plan Fiscal de esa institución educativa pública. “No va a ser para todo el mundo”, aceptó.
El presidente cameral indicó que espera poder someter el borrador de la legislación a la Junta este fin de semana pero que no esperará por la contestación del ente fiscal para radicar el lunes. “Se radica el lunes y se trabaja sobre un lenguaje ya radicado”, dispuso.
El anuncio de Hernández Montañez coincide con que, como parte de sus reuniones en la capital federal esta semana, tuvo una sesión con el presidente senatorial José Luis Dalmau, la American Federation of State, County and Municipal Employees y su filial en Puerto Rico, Servidores Públicos Unidos para coordinar la comparecencia de los sindicatos en “el proceso de vistas públicas para analizar la legislación necesaria en el proceso de reestructuración la deuda pública y la restauración de las pensiones del gobierno central”.
Mientras esto corre en el lado legislativo, en el tribunal las pretensiones de la Junta de sacar del ámbito judicial la determinación de si el PAD cumple con el Plan Fiscal enfrenta oposición que no solamente objeta el argumento sobre el plan, sino que observa que ya la Junta estableció un nuevo itinerario de revisión del Plan Fiscal actual que culmina el 20 de octubre, que es precisamente el día después del plazo que tienen las partes para presentar objeciones a la confirmación del PAD.
La Junta está pidiendo que su moción se discuta el 6 de octubre, dos días después del plazo para la legislación de los bonos. “La única evidencia admisible sobre el tema (de si el PAD cumple con el Plan Fiscal) debe ser la determinación y certificación de la Junta de Supervisión de que el (PAD) es consistente con el Plan Fiscal”, fue como el ente fiscal resumió lo que debe ser el resultado de su moción.
“El objetivo aparente de la Junta -que este tribunal decida la moción ahora, antes de la vista de confirmación y pasando de lado los plazos para votar sobre el Plan y para presentar objeciones al Plan, y entonces, una vez los plazos están vencidos, anunciar modificaciones a los dos, al PAD y al Plan Fiscal- es impropio”, argumentó en oposición el bonista Peter C. Hein.
Vea:
En manos de los propios retirados y del tribunal el recorte de pensiones