En manos de los propios retirados y del tribunal el recorte de pensiones
Con la continua objeción del Gobernador a que el Plan de Ajuste de Deuda incluya recorte alguno de pensiones, la Junta se encamina a vistas judiciales para confirmación del plan.
La Trigésima Reunión Ordinaria de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el viernes dejó claro que, de los cientos de detalles que contiene el Plan de Ajuste de Deuda (PAD), la atención sigue centrada casi exclusivamente en el recorte de pensiones, un tema que de por sí, tiene más de posicionamiento político que de posibilidad de cambios reales.
La presentación que los miembros de la Junta hicieron del PAD no trajo elementos nuevos porque el documento ya fue discutido y lleva semanas sometido al tribunal y a las partes del caso de quiebras para su evaluación. Lo que se esperaba registrar formalmente era la posición del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, quien dijo que favorecía los “términos económicos” del Plan e, incluso, que promovería en el Capitolio la aprobación de la legislación necesaria para la emisión de bonos nueva que el documento que requiere, pero no apoyaba recorte alguno en las pensiones.
Para contextualizar esa oposición, en el PAD solo el 28% de los pensionados enfrentan un recorte de hasta 8.5%. Este grupo de pensionados del gobierno central, magisterio y judicatura son aquellos cuyo pago mensual es de $1,501 o más, ya que los de menos de $1,500 no tienen recortes. Por otro lado, todos los pensionados, no importa el monto de su pago, han sufrido recortes de beneficios y otras reducciones por los últimos 10 años que han ido achicando el valor real de su pensión.
“No puedo, y no voy, a apoyar un plan que sigue castigando a la población vulnerable de la isla, no importa cuán bajito sea la cifra (del recorte)”, planteó el Gobernador aprovechando su posición, sin voto pero con voz, en la Junta. Argumentó que los recortes suman la cantidad “insignificante” de $63.8 millones, que su impacto en los pensionados es mucho mayor que lo que es el impacto de ese ahorro en el presupuesto del gobierno y que ya le parecía “una causa ideológica que no tiene sentido” el insistir en recortes.
Luego de la reunión, abundó que “[l]a jueza (Laura Taylor Swain) es la que va a tomar la última decisión de qué es lo que va a contener ese Plan de Ajuste”. “Yo espero que no incluya el corte a pensiones. Y he dicho y repito, que si por alguna razón, al final del camino lo incluyera, el gobierno le va a honrar todas esas pensiones, porque vamos a tener los recursos necesarios para hacerlo”, dijo.
Sin embargo, la amenaza del gobernador podría resultar hueca cuando se miran los términos del PAD porque el acuerdo ya incluye que, para cualquier año, si el gobierno tiene superávit con relación a lo proyectado en el Plan Fiscal, parte del recaudo adicional puede usarse para eliminar los recortes de pensión ese año.
A preguntas de NotiCel a la Junta sobre qué sigue ahora que está registrada la oposición del gobierno, la directora ejecutiva Natalie Jaresko esencialmente lo redujo al proceso de votación que está corriendo actualmente entre los pensionados que recibirán recortes para saber si favorecen el plan o no y al poder último que tiene la jueza de quiebras Swain para aprobar el plan.
La vista es el 9 de noviembre y las votaciones están corriendo desde el 26 de agosto hasta el 4 de octubre. Solo los que van a recibir recortes votan, pero la legisladora penepé Lourdes Ramos consumió un turno de comentarios públicos para quejarse de que el Comité Oficial de Retirados esté usando fondos públicos para una campaña a favor de la aprobación del Plan, cuando los opositores a la aprobación no tienen fondos públicos para hacer lo propio.
A la Junta también le queda la tarea, para la cual ya tienen al Gobernador de aliado, de lograr que la Legislatura apruebe la legislación de nuevos bonos y hacer que los legisladores entiendan y acepten que la legislación de los bonos es aparte de los recortes a las pensiones porque esos recortes no dependen ni necesitan acción legislativa.
Lo que busca la legislación es que el ramillete de siete emisores de deuda pública del Gobierno de Puerto Rico se consolide en solo uno y que los bonos actuales se intercambien por los nuevos bonos con las características de los mismos que se acordaron en el PAD. Este es el ejercicio que reduce el total de la deuda de $33,000 millones a $7,000 millones y que establece un pago de deuda anual de unos $1,150 millones anuales. Según el presidente de la JSF, David Skeel, el límite para obtener la legislación de la nueva emisión es también el 4 de octubre.
Y, aunque la reunión del ente fiscal constituyó esencialmente una larga presentación de ventas sobre el PAD, el argumento que probablemente sea más crucial para la jueza Swain lo enfatizó el miembro de la JSF, exjuez de quiebras, Arthur Gonzáles, quien explicó que, dentro de la teoría general de quiebras, no se puede aprobar un plan en el que una sola clase de acreedores salga mucho mejor que los demás. En el caso de los pensionados, son acreedores no asegurados que de por sí no tienen un reclamo legal válido para que le repaguen y, además, como clase, están obteniendo el repago del 96.9% de lo que se le debe, que es la recuperación más alta de entre todos los acreedores.
Gonzáles argumentó que lo que permite que sometan el PAD ahora “sin que la jueza se le ría en la cara” y hacer un argumento a favor de ese nivel de repago para los pensionados es que diseñaron el recorte según la cuantía de la pensión. Por eso el límite es de por encima de los $1,500 mensuales. “No es ideológico, creemos que hay un requisito legal de trato justo (a todos los acreedores)”, planteó Jaresko en riposta al comentario del Gobernador.
“Esto no hubiera sido un problema si los líderes políticos de Puerto Rico en el pasado hubieran guardado el dinero que tenían que guardar (para pagar pensiones)… nos hemos torcido (para llegar a la propuesta en el PAD)”, exclamó Skeel.
Mientras, otro miembro del ente, John Nixon, recordó que si el Gobernador y la Legislatura quieren recobrar el control financiero del gobierno que se les quitó bajo la Ley PROMESA, “tienen que actuar y emitir estos bonos”.
“No creo que necesitemos un Plan B porque vamos a conseguir esto”, dijo directamente Justin Peterson al preguntársele por alternativas si la Legislatura no autoriza los bonos.
Para ver la presentación de la Junta sobre el PAD, pulse aquí.
Vea: