A solo horas despues de que Ana Matosantos, miembro de la Junta de Control Fiscal, se defendiera de las palabras del presidente del Senado, el grupo fundamentalista Puerto Rico por la Familia (PR por la Familia) emitió su descontento ante el gobierno de Ricardo Rosselló por las posiciones en el Gobierno que se le han otorgado a miembros de la comunidad LGBTT, específicamente a la nominada presidenta del Caucus de la Mujer, Johanne Velez.

En una carta publicada en uno de los periódicos del país, la organización religiosa criticó la decisión del Gobernador de nombrar a Vélez a presidir el Caucus de la Mujer en el Capitolio, al igual que sus otras posiciones como directora de la Oficina de Calidad de Vida.

'Ella es una activista homosexual declarada, casada con otra mujer y parte del caso federal para forzar el matrimonio homosexual en Puerto Rico. Y para colmo, ahora presidenta del Consejo Asesor para la comunidad LGBTT, consejo que tendrá injerencia en todas las agencias de gobierno, entidades privadas y de desarrollo comunitario', declara en su carta PR por la Familia.

'El Gobernador la ha convertido en una súper secretaria, sin ser electa y sin necesidad de confirmación por la legislatura', añaden.

En una entrevista por radio, Cesar Vázquez, uno de los líderes de PR por la Familia, aclaró que no tenía ningún problema con el nombramiento de Vélez, 'a lo que tengo problema es que utilice el poder que el señor gobernador pone en sus manos para adelantar una agenda ideológica que va contra nuestros niños y contra el derecho de los padres'.

CABE le dice 'te lo dije' al Gobernador

Después de denunciar las declaraciones de Puerto Rico por la Familia, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE) le recalcó al gobernador que 'el tiempo les dio la razón'.

'Ya es evidente que el maridaje entre el sector religioso fundamentalista religioso de nuestro País y el señor Gobernador ha empezado a sufrir fisuras. Desde el mismo momento en que el ahora Gobernador Ricardo Rosselló firmó sus compromisos con dicho sector hicimos expresiones advirtiendo los riesgos que entrañaban y advertimos que los mismos atentaban contra el mandato constitucional de separación de iglesia y estado así como contra el mandato de igual protección de las leyes. Hoy vemos que la historia nos ha dado la razón y este sector siente que tiene dominada a la legislatura y se siente con autoridad de ordenar al ejecutivo a actuar conforme a sus caprichos y prejuicios', dictó el portavoz de CABE, Osvaldo Burgos

'Desde hace mucho tiempo hemos estado denunciando el discurso de odio que este sector religioso fundamentalista ha esgrimido contra las comunidades LGBTTIQ. Hoy vemos como nuevamente este sector ataca de manera frontal cualquier iniciativa que ellos entiendan que pueda beneficiar a las comunidades LGBTTIQ e incluso pretenden descalificar las capacidades de funcionarios gubernamentales meramente porque su orientación sexual no sea heterosexual', añadió Thomas Bryan, otro portavoz del Comité

Burgos aprovechó la oportunidad para recordarle al gobierno a mantener la separación de Iglesia y Estado.

'La función principal del gobierno es velar por el bienestar de toda la sociedad sin ceder a presiones de grupos que lo que pretenden es perpetuar la marginación y el discrimen', finalizó Burgos Pérez.