Al sostener que la Asamblea Legislativa no puede claudicar su facultad constitucional de evaluar el presupuesto, el representante Jesús Manuel Ortiz solicitó el domingo al gobernador Ricardo Rosselló que envíe a la Asamblea Legislativa su proyecto de presupuesto antes de someterlo ante la Junta de Control Fiscal (JCF) en o antes del próximo 30 de abril.

El legislador solicitó, además, detalles de los recortes al presupuesto que propondrá, las áreas de servicios que se afectarán y las propuestas para allegar nuevos ingresos. 'Emplazamos al gobernador a que antes de enviar cualquier documento a la Junta someta el presupuesto del año fiscal 2018 a la Cámara de Representantes para su evaluación', manifestó Ortiz a través de declaraciones escritas.

El Plan Fiscal de la Administración Rosselló propone más de 951 millones de dólares en recortes a través de reducción en servicios de salud, el cierre de 300 escuelas, la eliminación de subsidios municipales y un recorte multimillonario a la Universidad de Puerto Rico, entre otros, denunció el legislador.

Ortiz sostuvo que el proyecto de presupuesto incluye, además, sobre 924 millones de dólares en nuevas medidas de recaudo, que redundarán en alzas en impuestos sobre la propiedad y servicios municipales, costo de servicios, marbetes, permisos y licencias otorgadas por el Gobierno, servicios del plan de salud y otros. 'Esta realidad requiere que el pueblo conozca todos los detalles de recortes y alza en impuestos lo antes posible', reclamó.

En una carta con fecha al 22 de marzo, la JCF notificó al gobernador y a los presidentes de ambos cuerpos legislativos su obligación de someter ante la Junta el presupuesto del año fiscal entrante, antes de abril 30 de 2017, recordó quien fuera secretario de Prensa de la Administración García Padilla.

Y al presupuesto debe acompañarle otros documentos requeridos por la Junta, mencionó Ortiz.

El exsecretario de Asuntos públicos de La Fortaleza añadió que 'en cuanto a los recortes, que 'es preocupante que llegue un presupuesto con 951 millones de dólares en recortes concentrados en la eliminación de programas sociales y de salud, que al día de hoy ofrecen apoyo a más del 46 por ciento de la población que vive bajo el nivel de pobreza y a más 500 mil personas mayores de 65 años.

Recortes muy severos podrían provocar una espiral económica y coloca el mayor peso de la crisis sobre la población más vulnerable'.

Ortiz añadió que ante la difícil situación que vive el País, en ese nuevo presupuesto no se le puede quitar un sólo dólar a un programa que ofrezca servicios esenciales sin antes eliminar en su totalidad gastos que no repercuten en servicios a la gente.

'En los primeros tres meses de gobierno hemos visto como destinan cantidades millonarias a cabilderos que aparentan estar más pendiente a la estadidad que a la salud de la gente, así como en servicios de relaciones públicas del gobierno', dijo en referencia a los más de 8 millones de dólares en contratos otorgados en publicidad, relaciones públicas y cabilderos de la estadidad; según datos del Registro Digital de Contratos de la Oficina del Contralor citados por Ortiz.

'La Asamblea Legislativa no puede claudicar a su responsabilidad constitucional de evaluar el presupuesto propuesto por el Ejecutivo. En momentos en que se acercan dramáticos recortes y nuevos impuestos es imprescindible que aquellos que fuimos electos por el país evaluemos esas áreas de impacto antes que la JSF. Hago un llamado al ejecutivo a que envié su propuesta de presupuesto y al legislativo a que haga valer su rol fiscalizador en favor del pueblo', sentenció Ortiz.