A pesar de la Junta de Supervisión Fiscal reconocer que representaría ahorros, no avala su implementación.

El Programa de Retiro Incentivado, creado bajo la Ley 80, ha estado en “pausa” ante el rechazo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). La Cámara de Representantes, a través de la Resolución Conjunta del Senado 171, busca que se ordene a las agencias pertinentes a tomar las medidas necesarias para que de una vez y por todas se implemente este programa.

“Resulta muy preocupante y lesivo a las expectativas de retiro de nuestros empleados públicos, que por sobre un año de la aprobación de la Ley 80-2020, conocida como no haya culminado su implantación y el consecuente retiro de los participantes de este programa”, sentenció la exposición de motivos de la R.C del S. 171.

El director ejecutivo de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), Luis Collazo Rodríguez, enfatizó en su ponencia que solicitaron un total de 10,553 empleados al programa, de los cuales las agencias identificaron como empleados esenciales 6,564 y como no esenciales 3,989, así como los empleados municipales correspondientes.

Sin embargo, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia, resaltó en otras palabras que a pesar de que la ley se aprobó hace un año, la implementación no está en sus manos, sino en las de la JSF.

“Desde su aprobación el año pasado, la ejecución de la Ley 80 ha estado sujeta a la certificación por parte de la JSF de que la misma es consistente con el Plan Fiscal Certificado. En otras palabras, la implementación de la Ley 80 está sujeta a que la JSF preste su anuencia al respecto”, sostuvo el director de la OGP en su ponencia, Juan Blanco Urrutia.

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Ante esta realidad, el director ejecutivo de la ASR le recomendó a la Legislatura a enmendar la Ley 80 para que se pueda adaptar a nuestra situación fiscal.

«Entendemos necesario que la Asamblea Legislativa debe tomar acción correspondiente a los propósitos de enmendar la alusiva Ley para atemperarse a nuestra realidad fiscal y los estudios que ha realizado el gobierno a petición de la JSF», sostuvo Collazo Rodríguez.

Dentro de las recomendaciones que hace la JSF para que se pueda implementar la ley 80, son: que se incluya en un lenguaje para una implementación parcial de la ley y que el pago sea mediante “Pay Go”, no bajo el concepto de nómina.

Mientras, la OGP se opuso a realizar enmiendas a la Ley 80, pues la agencia entiende que el “lenguaje específico” que busca la Junta para garantizar una implementación parcial es “innecesario”.

Blanco Urrutia argumentó que el Artículo 12 del estatuto le otorga facultad al director de la OGP y al administrador de los Sistemas de Retiro a implementar la ley, por lo que el lenguaje es suficientemente flexible para permitir este tipo de determinación.

“Nuestra posición firme en este momento es que la ley no requiere enmiendas para el propósito que ellos (JSF) están buscando, pero si tuviésemos que entrar en una negociación o algún tipo de acuerdo, ciertamente es algo que se pudiese considerar”, puntualizó el funcionario.

Por su parte, la Autoridad de Asesoría Financiera y Fiscal (AAFAF) avaló la medida al interpretar que la R.C. del S. 171 autoriza tomar medidas necesarias para implementar parcialmente la Ley 80 dentro de los contornos del plan fiscal certificado.

“El teléfono en mi oficina no se detiene. Los correos electrónicos en mi oficina no se detienen de los empleados que están reclamando que se apruebe esto. El problema es que la Ley 80 ya está aprobada. Estamos esperando que la Junta dé el aval para implementarlo de manera parcial”, denunció el representante Domingo Torres García, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales.

Esta vista pública es el inicio de la la evaluación de la Resolución Conjunta del Senado 171, que ordena a la OGP y a la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) tomar “todas las medidas necesarias y requieran a las agencias, corporaciones públicas y municipios elegibles las acciones correspondientes para implantar el Programa de Retiro Incentivado”.

La Ley 80 fue aprobada hace más de un año con el fin de establecer un programa mediante el cual empleados públicos elegibles puedan, voluntariamente, separarse de forma incentivada de su empleo antes de la edad de retiro.

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