100 querellas detenidas en el DRNA por falta de recursos y personal
La Comisionada de los Vigilantes del DRNA, Haydelin Ronda, se lo atribuyó a la falta de recursos y exigencias de la División Legal.
Un centenar de querellas están detenidas en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) desde el 2019, denunció la Comisionada del Cuerpo de Vigilantes, Haydelin Ronda.
"Están detenidas (las querellas). Muchas de ellas con orden de paralización (de obras) del personal vigilante”, expuso Ronda ante la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales en la Cámara de Representantes.
El representante Jesús Manuel Ortiz le preguntó desde hace cuánto están las querellas a lo que respondió "desde que esta servidora está", es decir, desde el 2019.
Ronda aseguró que incluso hay más querellas acumuladas desde antes de ella ocupar el puesto.
Ante la interrogante del porqué esta los casos están detenidos, uno de las razones que brindó la Comisionada del Cuerpo de Vigilantes fue la falta de recursos.
El DRNA cuenta con un solo agrimensor, una asistencia técnica que es muchas veces necesaria para poder someter los casos a la División Legal.
“Los vigilantes radican la querella, investigan, si hay que someter áreas técnicas se solicitan, y luego proceden a la división legal a someter los casos”, explicó Ronda sobre el proceso a seguir.
Precisamente al tener un solo agrimensor, el paso de la asistencia técnica no se cumple, y por consiguiente el caso puede quedarse "en el aire".
“Hay una querella del 2019 donde una persona identifica corte de mangle, relleno y aun no se ha atendido porque no ha ido el agrimensor?”, cuestionó el representante Ortiz. “Correcto”, dijo Ronda.
Otro factor es que la División Legal de la agencia está solicitando la actualización para ciertas querellas y las mismas no se han podido cumplir.
“Ellos están actualizando los expedientes para entonces volver a someter el caso”, indicó Ronda. Esa actualización implica volver a tomar fotos y revisar el área nuevamente.
“¿Qué más necesitamos si en ese momento se tomaron fotos del daño?”, increpó el representante.
“Los abogados quieren que se actualicen los casos”, respondió la Comisionada de Cuerpo de Vigilantes.
Durante este intercambio, el legislador del Partido Popular Democrático (PPD) se mostró frustrado y manifestó que el trabajo de las agencias para atajar el denominado crimen ambiental es uno "vergonzoso".
“Se le debe caer la cara de vergüenza a mucha gente por el hecho de tener que mantener en espera una denuncia de un evidente crimen ambiental que sigue sucediendo ahí. Esto además de ser una irresponsabilidad es casi cooperar con la comisión de un delito”, reclamó el representante.
La Comisionada del Cuerpo de Vigilantes fue citada debido a una solicitud de la directora de la Reserva Nacional de Investigación Estaurina Bahía de Jobos en Salinas, Aitza Pabón, de que la comisionada fuera citada para aclarar "quién falta a la verdad".
Durante su ponencia el pasado 21 de abril, Pabón relató entre lágrimas los intentos infructuosos de comunicación mediante correo electrónico con Ronda para poder detener el denominado crimen ambiental.
A pesar de en ese momento el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Edgardo Feliciano, declarar que Ronda tenía "mucho que explicar", no se le hizo ni una pregunta relacionada a las expresiones hechas por la directora de la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos.
El representante sí le preguntó cómo le ha impactado la reducción de vigilantes, ya que de 500 que habían en el 1999, al presente quedan 300.
“Afecta porque tenemos que bajar de tres turnos que teníamos bajamos a dos, y de dos estamos bajando a un solo turno. Un solo turno implica que es muy poco personal para cubrir tantas áreas que tenemos”, expresó Ronda.
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Al preguntarle si la cantidad de vigilantes para el área sureste - que incluye Salinas - son suficientes, la comisionada aceptó que no lo son.
La Junta de Planificación defiende no haber detenido las construcciones ilegales en Salinas
Según el artículo 14.1 de la Ley 161 del 2009, mejor conocida como la "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico”, cualquier persona que tenga un interés propietario o personal que podría verse afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar, entre otras cosas, la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa y la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes.
El representante Denis Márquez Lebrón le planteó al director de la División Legal de la Junta de Planificación, Héctor Morales, porqué la propia agencia no detuvo estas construcciones ilegales bajo el artículo 14.1.
"¿En Bahía de jobos la Junta de Planificación ha utilizado el 14.1 para eliminar decenas de construcciones que no tienen permisos, no dicho por mí, dichos por las propias agencias?", preguntó el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
“No, hasta ahora no lo hemos hecho”, aceptó el licenciado Morales.
Al preguntarle si estaría considerando recomendar a la Junta de Planificación usar el 14.1 para eliminar las construcciones ilegales, el director de la División Legal comentó que, “no lo puedo contestar eso en estos momentos”.
Las comunidades y organizaciones ambientales cuentan su historia
El segundo panel de la vista pública fue compuesto por organizaciones ambientales y un grupo representativo de la Comunidad Las Mareas en Salinas.
Roberto José Thomas Ramírez, el Coordinador General y portavoz de la organización Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO), planteó que este problema es mucho más grande y ejemplifica la desigualdad e injusta relación entre pobres y ricos.
"El desastre del mangle en Camino del Indio es la metáfora de un desastre más profundo, el del abandono, abuso y exclusión de la comunidad Las Mareas", dijo Ramírez, con una camisa con el mensaje "Yo soy Las Mareas".
Por su parte, la legisladora municipal de Salinas, Jackeline Vázquez, destacó la "marginación, injusticia y burdas relaciones de poder desiguales en la que los ricos y poderosos siempre han impuesto sus deseos por encima de la comunidad".
La también líder comunitaria describió Las Mareas como uno de los lugares más pobres en una de las regiones más pobres del país.
Así las cosas, IDEBAJO propuso un proceso de mitigación en el que, junto a la comunidad, se logre restaurar manglares, restaurar el intercambio de agua entre el Mar Negro y Mar Blanco para permitir la oxigenación del primero y devolver el acceos a la costa a las comunidades en todo el litoral costero.
Esta discusión se dio en la cuarta vista pública de la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales - que duró cerca de ocho coras - sobre la Resolución de la Cámara 150, que realiza una investigación sobre la Bahía de Jobos en Salinas.
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