9 de febrero de 2021 - Vista pública de la Comisión de Asuntos Laborales y Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Domingo Torres García, con la ponencia del director ejecutivo de Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico AAFAF. En la foto: Domingo Torres García.
El trabajo remoto se ha vuelto cada día más común ante la llegada del covid-19. Así las cosas, el Proyecto de la Cámara 1356 busca que Puerto Rico sea una alternativa competitva en el mercado del trabajo a la distancia, y entre sus disposiciones, las jurisdicciones extranjeras estarán exentos de cumplir con la leyes laborales y tributarias locales.
El Colegio de Contables Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA), el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) todos concuerdan en que sí hay que legislar sobre el trabajo remoto, pero sin ningún tipo de decreto.
“Nos oponemos a la exención contributiva que se está otorgando a los individuos o personas empleadas. Entendemos que no hay justificación para que se creen dos tipos de empleados, que es lo que resultaría en caso de otorgarle algún tipo de exención contributiva a estos empleados. Sí entendemos que la medida debe perseguir facilitar los patronos de estos empleados, que puedan permitirle a ellos hacer negocios en Puerto Rico, pero que estas personas estén en la misma posición de cualquier empleado, no de forma remota, pero ejerciendo funciones similares. Ya que, de otorgarse esta exención, se le estaría posicionando a este otro empleado en desventaja que puede ser hasta cierto punto detrimental no solo desde el punto de vista discriminatorio a los empleados, pero a los patronos en Puerto Rico”, expuso el presidente del CCPA, Oscar Cullen.
Cullen planteó que, de la Legislatura insistir en esta exención contributiva, debe ser por un término.
“Si la Legislatura insiste en una exención nuestra recomendación es que sea por un término en específico”, comentó el presidente del CCPA, al traer como ejemplo a Italia, que aprobó una ley similar a este proyecto con un término de cinco años.
Mientras, el Ayudante Ejecutivo del DDEC, el licenciado Bryan O’Neill Alicea, reiteró que no hay los recursos suficientes para asignar este tipo de exención contributiva.
“Nuestra posición está en contra de que se hagan más decretos porque no hay personal y no están los recursos. Si no se asignan unas partidas para ese propósito no se va a poder hacer y nuestra posición sería en contra”, señaló el licenciado.
Por su parte, el DTRH enfatizó la preocupación de que estos empleados que trabajen a distancia en Puerto Rico no estén protegidos por la legislación a nivel local.
“Lo que nosotros queremos proteger es que no se cree un marco jurídico para no tener a empleados que no estén protegidos por la legislación laboral. Entendemos que hay espacio para aclarar todo esto, pero no queremos avalar esta práctica de que tengo empleados en Puerto Rico que no tienen protecciones laborales”, acotó Naomi Álamo Rivera.
El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, el representante Domingo Torres García, dio un espacio a las agencias para que envíen recomendaciones puntuales para que el proyecto sea viable.
‘’Esto es una medida loable y el trabajo remoto es algo que llegó para quedarse. Es insostenible batallar entre los golpes propiciados por los terremotos, huracanes, pandemia y ahora una inflación que ha disparado los precios de la gasolina. Por eso, tenemos que dedicar nuestros esfuerzos para atraer a todas las personas hacia a Puerto Rico y que brinden una inyección económica que ayude al desarrollo de la Isla’’, puntualizó el representante Torres García.
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