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Legislatura

Senado aprueba resolución para investigar a empresa de primos del gobernador

En la sesión ordinaria se aprobó la resolución 775, que contempla una pesquisa sobre los contratos que fueron otorgados a la corporación AMAC para administrar residenciales públicos, el manejo de fondos (estatales y federales) y los servicios brindados a complejos habitacionales.

Agentes del FBI el 20 de octubre de 2022 en el bufete Pierluisi Isern Law Office PSC y sede de AMAC, en la calle Ponce de León 1541, en San Juan.
Foto: Juan R. Costa / NotiCel

El Senado aprobó hoy la resolución 775, que ordena una investigación sobre los contratos otorgados a la corporación American Management & Administration Corp (AMAC) para administrar residenciales públicos, el manejo de fondos y los servicios brindados a los complejos habitacionales.

AMAC era manejada por Walter Ricardo y Eduardo Javier Pierluisi Isern, primos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y exdirectivos de su campaña política, quienes aceptaron el pasado 13 de abril que robaron casi $4 millones en fondos federales a través de la empresa.

La medida, sometida por la senadora Migdalia González Arroyo, ordena la pesquisa a la Comisión de Asuntos Municipales y de Vivienda, y a la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley, los hermanos, Walter y Eduardo Pierluisi se declararon culpables en el foro federal de defraudar por lo menos 3.7 millones de dólares provenientes de fondos federales, a través de AMAC, compañía que llevaba aproximadamente 20 años con contratos de administración de residenciales con la Administración de Vivienda Pública (AVP), mediante la adquisición de fondos del Departamento de la Vivienda Federal.

"Al día de hoy, tanto el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, como su Administración de la Vivienda Pública no han aclarado cuál ha sido el impacto sobre los servicios a los residentes de los residenciales que administraba AMAC y cuál han sido las gestiones que el gobierno de Puerto Rico ha realizado para impedir que acciones como las realizadas por los hermanos Pierluisi vuelvan a suceder y o puedan preverse", expone la pieza legislativa.

Agrega que "en Puerto Rico existen 332 complejos de vivienda pública, de los cuales 310 son administrados por entidades privadas. A tenor con lo anterior, es responsabilidad contractual de las empresas privadas a cargo de administrar las operaciones de los residenciales públicos el mantener en estado óptimo los mismos, evitando el que se afecte la calidad de vida de quienes ocupan estas viviendas".

En la medida se establece que "es altamente preocupante los recientes actos de corrupción asociados a los directivos de una de estas compañías, y surgen serias dudas sobre si los servicios que nuestros ciudadanos residentes de proyectos de vivienda pública se vieron afectados y cuales fueron las acciones proactivas de las agencias pertinentes para garantizar los mismos".

En la sesión de hoy, González Arroyo expresó que "he tenido la oportunidad de compartir con residentes de residenciales públicos, de conocer sus vivencias, sacrificios y esfuerzos de cada uno de esos residentes. Todo esto se vio empañado cuando el pasado mes de abril los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi se declararon culpables por defraudar por 3.7 millones de dólares".

"Al día de hoy Vivienda y la AVP no han aclarado el impacto negativo sobre los servicios a los residentes que administraba esta compañía ni tampoco cuáles han sido las gestiones que ha hecho el gobierno para que esto no vuelva a suceder y qué accione correctivas se han hecho", dijo la legisladora.

Para la política del PPD "nos tienen que preocupar a todos los actos de corrupción asociados a estos directivos".

Ante las expresiones de la senadora, el legislador del PNP, Thomas Rivera Schatz, reaccionó en su turno: "Hay gente que son tan politiqueros que se le sale por los poros", tras lo cual recordó que los primeros contratos otorgados a la empresa fueron bajo el gobierno de Alejandro García Padilla.

"En segundo lugar ya se cancelaron los contratos, incluso antes de que hicieran alegación de culpa (los hermanos). Y tercero, en las comunidades que estaban siendo atendidas por esta compañía de inmediato se ubicaron otras empresas para que dieran el servicio. Quieren politizar el 'issue'", aseveró.